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El pinsapar
Enrique Montiel
Uno por uno
Gafas de cerca
Aunque para Wittgenstein son la misma cosa, el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado como Fiscal General del Estado (FGE), que sin solución de continuidad ha venido ejerciendo de ministra de Justicia, no es una decisión ética ni estética. No es estético anunciar como FGE a una persona que todavía no ha entregado la cartera de Justicia, porque así se ataca a la imagen de imparcialidad que los investigadores y acusadores públicos del sistema penal deben tener. La designación no es ni siquiera delicada: el "Lola, tú de aquí a allí" de sopetón es soltar una liebre para que la derecha salte tras ella con agresividad -la "confrontación" es cosa de dos, ya ven-, y un gesto al independentismo catalán y sus condenados y presos. Asunto en el que, por cierto, la hasta ahora FGE, María José Segarra, se ha conducido de una manera prudente y hasta exquisita, dadas las circunstancias, tan encendidas como incendiarias.
Que el nombramiento sea legal no es suficiente. Porque se maltrata a la división de poderes: no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Así lo entienden la inmensa mayor parte de los fiscales que hemos escuchado esta semana, incluidos sus representantes. Tanto en la tildada de conservadora Asociación de Fiscales como en la Unión Progresista de Fiscales, cuya denominación de progresista no obstaculiza el percibir en esta medida, y vamos a la ética, se produce un disparate malintencionado que hiere -quién sabe cuánto- a la institución fiscal, que está vinculada constitucionalmente a los principios de imparcialidad y legalidad. Y no al dictado del Gobierno, cuyo criterio, como es normal, es político y no jurídico. Recuerden cuando el Presidente Sánchez cantó: "¿De quién depende la Fiscalía?", dijo, y calló, como diciendo: "Ea, pues entonces, ajo y agua". La dependencia orgánica no puede estar por encima de los principios constitucionales. O la democracia está aguada, y hasta tiene los pies de barro.
¿Se va a fiar la gente ahora de los fiscales en los pleitos penales, en los que son la esencia investigadora y proponente, por no mencionar que son quienes, junto a los jueces, dirigen a la policía judicial? Esto último es de suma importancia, no sólo en el asunto catalán. Pero Sánchez sabe que todo se olvida rápido en estos tiempos. Manejará, mientras dure su Gobierno, a un peón -ya antes afecto a su partido- de alta cualificación y poder: da instrucciones a 2.500 fiscales. Que deben ser parte fiable por antonomasia y de estricto criterio legal en un juicio. Un despropósito, antiético y antiestético.
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