El Metro exige un acuerdo urgente

EL Metro de Málaga se encuentra en la actualidad en el peor escenario posible. Después de seis meses de falsa negociación, la Consejería de Fomento ha decidido imponer su nueva propuesta para acometer en superficie el trazado que resta del suburbano, dejando de lado la frontal oposición del Ayuntamiento de Málaga, que exige que los tramos se ejecuten tal como se habían acordado hace diez años. En primer lugar, hay que denunciar que el Gobierno andaluz no puede lanzar este órdago. El Ejecutivo no es el competente para decidir el modelo de una ciudad y con su determinación invade claramente la autonomía municipal. El transporte público es un servicio esencial que es necesario garantizar. Incluso en este caso se puede defender que el Metro es un sistema de comunicación de ámbito metropolitano y supramunicipal. Pero de ninguna manera se puede obligar a que transite a ras de suelo por las vías neurálgicas de la urbe si el alcalde de Málaga, que a día de hoy ostenta el mandato mayoritario de los ciudadanos residentes, expresa su negativa. Después de 10 años y más de 600 millones gastados en esta infraestructura vital, que sitúa a Málaga a la altura de las grandes ciudades europeas de este siglo, hay que exigir a la Junta y al Ayuntamiento que negocien un acuerdo viable que saque al Metro de esta absurda pugna política e incluso de tinte partidista. Es poco creíble que con los avances en la ingeniería de grandes obras, la razón para desechar que el transporte discurra bajo tierra, como inicialmente se apalabró e incluso proyectó, se deba al temor de las contingencias que puedan surgir iniciada la actuación. Tampoco puede justificarse este cambio sobre la marcha de alternativa por la demanda millonaria que presentarán los gestores del transporte por el incumplimiento de los plazos previstos para culminar el servicio. Pero también existen serias dudas desde el inicio de la voluntad real del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de que el Metro vea la luz. Sólo hay que recordar que De la Torre llegó a solicitar que se aplazara el tramo de la Alameda, cuando todavía se contemplaba soterrado, a la espera de que el Ministerio de Fomento decidiera el trazado de la supuesta entrada del denominado corredor ferroviario desde la Costa oriental. Si el suburbano se queda varado en la Avenida de Andalucía, el riesgo de que el transporte registre unas pérdidas insostenibles es muy alto. Cómo mínimo debe alcanzar la Plaza de la Marina para que la viabilidad sea factible y, a no ser que se demostrara imposible técnicamente, el Gobierno andaluz debe respetar su compromiso y realizar la obra bajo tierra. Salvado este escollo, el resto de los tramos ahora mismo no son tan acuciantes. La gravedad de esta enquistada situación debe propiciar la intervención del propio presidente andaluz.