Mucho por aprender

La semana pasada el actor argentino Ricardo Darín interrumpió el monólogo de una pieza que interpretaba en el Teatro del Soho de Málaga por las repetidas llamadas de móviles a espectadores desconsiderados. Durante la función sonaron los teléfonos hasta siete veces aquel día. El ruido es una polución incolora e inodora, pero no es en absoluto insípida; produce una amargura penetrante. Y es una molestia frecuente en la vida diaria, casi siempre vinculada a la mala educación.

El ganador de un Goya e intérprete de un drama premiado con el Oscar se marchó del escenario durante unos minutos. Se disculpó al final, pero no evitó censurar conducta tan incívica: "Queda mucho por aprender". Su compañera de reparto, Andrea Pietra, también tuvo que realizar varias pausas hasta que un teléfono dejara de sonar. (Darín y Pietra representan la obra Escenas de la vida conyugal, basada en una serie de Ingmar Bergman para la televisión en 1973. Están todavía a tiempo de verla en Málaga y desde el 25 al 29 en Sevilla).

Los móviles son la última plaga contaminante en los espectáculos públicos. En los cines han superado el incordio de los roedores de palomitas. Es corriente que compañeros de localidad enciendan sus pantallas para mandar mensajes, e incluso hay quien atiende llamadas. En las funciones de teatro en el Cervantes de Málaga es habitual ver desde los pisos altos la distracción que provocan las pantallas de un lado a otro del patio de butacas. Este vicio o adicción es tóxico.

La falta de respeto se convierte en abuso por los locales de ocio. Y los ayuntamientos tienen la responsabilidad de evitarlo. Eso sostiene la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha ratificado una condena al Ayuntamiento de Málaga, por las denuncias de varios vecinos ante los ruidos generados en locales de ocio nocturno en una plaza del centro. El TSJA establece que el excesivo ruido atenta contra los derechos a la intimidad personal y a la inviolabilidad domiciliaria. Y condena al Ayuntamiento a pagar 13.440 euros anuales a los perjudicados desde agosto de 2018 hasta que se subsane el problema.

Los vecinos que viven en los centros de las ciudades lamentan que sus ayuntamientos no consigan bajar la saturación acústica en las calles, ni el ruido que producen los apartamentos particulares que se alquilan a turistas que vienen a hacer fiestas o despedidas de soltero. El Ayuntamiento de Málaga ha pedido al Gobierno regional que obligue a los propietarios a instalar sonómetros en estas viviendas, en una ley que prepara. Los propietarios se resisten, porque dicen que criminaliza al sector y va en contra de la propiedad privada. Estos modelos de negocio que benefician a los propietarios a costa de la tranquilidad de los vecinos son un perfecto abuso. Darín les diría que tienen mucho que aprender.