El bote

Que el reelegido secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dijera en el 44º Congreso del sindicato que Pedro Sánchez es un “presidente de palabra y de fiar”, retrata su propia conveniencia política. A Pepe Álvarez, que es consciente de la situación de Sánchez, no le importa que tenga abiertas varias causas. No le importa, de hecho le apoya, porque es conocedor de los casos que convierten a Sánchez en el presidente más rodeado por corrupción de todo el mundo. Sabe del caso de las mascarillas en las que se investigan 13 contratos adjudicados en plena pandemia por el gobierno central. El caso de su esposa Begoña Gómez, hay cuatro imputados, y ella por corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Álvarez sabe del caso del fiscal general imputado por revelación de secretos con efectos secundarios a Juan Lobato. Otra fiscal imputada en el caso del hermano, que se cuentan ya ocho, donde la UCO ha constatado que la Diputación de Badajoz creó para él una “innecesaria” vacante en un puesto directivo. Caso del Gobierno de Canarias donde hay bajo sospecha 12 millones de euros, y 3’7 millones en el de Baleares en la época de Armengol. En su ministerio de Transportes ha cesado a tres altos cargos: el jefe de personal de Adif, el subsecretario de transportes y el jefe de puertos del Estado. No se nos olvida el Tito Berni, ni el de Koldo con Ábalos del que ya está tirando de la manta Víctor de Aldama. Pero a Sánchez tampoco le importa que el sindicato UGT-A, haya sido condenado a cárcel y una sanción millonaria de 266 millones por saquear subvenciones de la Junta en la etapa del PSOE, que debiendo haber sido destinados a la formación de parados se los gastaron en “actividades propias”. Esta es la realidad de un convulso panorama sindical cuyos dirigentes se han visto salpicados por múltiples casos de corrupción, que reciben, gracias a Sánchez 65 millones desde 2020, y 17 más en subvenciones directas de Yolanda Díaz. Investigaciones han desvelado que solo en sueldos para directivos y plantilla se gastan 9 millones de euros al año. Ver el pormenorizado de esos dineros hiela la sangre. Lo que el sindicalismo español, y en especial la UGT, necesita es una reforma profunda en términos de transparencia y responsabilidad. El sindicalismo no solo debe ser un actor político, sino también un ejemplo de cómo se debe gestionar el dinero que proviene de los trabajadores y de las administraciones. Es imperativo que los sindicatos sean independientes, rindan cuentas de manera accesible y rigurosa sobre el destino de cada euro que reciben. Ni hombre de palabra ni de fiar: hechos.