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Anda el presidente de la Junta muy ufano proclamando que en los Presupuestos que la Junta acaba de enviar al Parlamento, seis de cada diez euros se dedican al gasto social. En esto Juanma Moreno tampoco ha cambiado mucho el discurso que desde hace décadas mantenían sus antecesores. Décima arriba o décima abajo es lo mismo que decían en fechas similares Susana Díaz o Manuel Chaves. Nada, por otro lado, que pueda ser considerado como otra cosa que la estricta obligación de una Administración autonómica. Muchas veces parece que se olvida de que la descentralización administrativa del Estado tiene como objetivo prioritario que la solución de los problemas que más afectan a la población se adopte desde la cercanía. Y esos problemas son la sanidad, la educación y la prestación de servicios de ayuda social. Es a eso a lo que tiene que dedicar su esfuerzo y su dinero. Todo lo demás es secundario.
Por lo tanto, la noticia no es que se dediquen seis de cada diez euros a lo que llaman el gasto social, sino que haya otros cuatro que se dedican a otra cosa. Dicho de otra forma, lo realmente notable es que para gastarse seis euros sea necesaria una estructura administrativa y burocrática que nos cuesta a los andaluces otros cuatro euros. Lo dicho está dibujado con evidente trazo grueso, pero muchas veces es así como mejor se entienden las cosas. La Junta, como cualquier autonomía, articula el territorio y da servicios, pero le cuesta un dineral.
Con la ecuación que pone encima de la mesa el presidente de la Junta –y con él sus antecesores– lo que se abre paso es una reflexión sobre hasta qué punto se han desvirtuado los fines del proceso de descentralización para que hayamos terminado con estructuras de pequeños estados con sedes suntuosas y parafernalia casi imperial, asesores por millares, parlamentos que reproducen todos los vicios de los nacionales o televisiones para la mayor gloria del que mande, por incluir algunos elementos de una lista que se podría hacer interminable.
Que se atiendan la sanidad, la educación y los servicios sociales con la mayor parte de los recursos económicos en manos de la Junta es el cumplimiento estricto de una obligación. Que, aun así, la situación de esos servicios, especialmente los sanitarios, rocen el colapso es algo más difícil de explicar. Los andaluces tenemos derecho a preguntar por qué de cada diez euros que le entregamos a la Junta hay cuatro que van para otros sitios.
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