Los ERE y el embudo

El Tribunal Constitucional se ha puesto a desmontar el caso de los ERE. Década y media después de que el asunto empezara a ocupar páginas y páginas en los periódicos, el que el PP se empeñara en calificar como el mayor caso de corrupción de la historia de España va a quedar en mucho menos. Casi en nada. Lo de los populares hay que interpretarlo como un movimiento de autodefensa –en unos tiempos en los que también a ellos le salpicaba la basura– y como un clavo ardiendo al que agarrarse en una región en la que eran incapaces de rozar el poder. La jugada la supieron aprovechar, aunque al final en la coctelera tuvieron que mezclar otros muchos ingredientes.

El razonamiento del tribunal que se encarga de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos es tan simple como fácil de entender: una ley aprobada por un Parlamento, como los Presupuestos de Andalucía, no puede ser delictiva en sí misma. Es lo que sostienen siete de los once miembros del pleno del Constitucional, que, oh casualidades, son los que forman la mayoría progresista. Mientras que, oh casualidades también, los cuatro magistrados de la minoría conservadora creen que se abren peligrosos ámbitos de impunidad.

¿Está, por lo tanto, y como sostiene el PP, el Constitucional en una contorsión interpretativa para dar una amnistía encubierta a los culpables de un gigantesco caso de corrupción por el único motivo de que los condenados por la Audiencia de Sevilla y el Supremo son miembros del PSOE? Podría interpretarse si se concluye previamente que las sentencias que condenaron lo que pasó en la Junta de Andalucía fueron blancas y sin mácula de interpretación política. O que la investigación de la instructora Mercedes Alaya fue un ejemplo de imparcialidad jurídica sin otra mira que el resplandecimiento de la verdad. Los que tuvimos que seguir durante años este complicado caso sabemos que no es así y que el de los ERE ha sido desde el principio un ejemplo de politización en que se jugaban muchas partidas simultáneas. El PP trata ahora de aplicar la ley del embudo con razonamientos sacados de argumentarios pocos elaborados.

De lo que no cabe duda es de que todo lo que rodea el procedimiento demuestra una laxitud en la toma de decisiones de la Junta y una falta de control interno que produce escalofríos. Se violentó el derecho administrativo y se jugó con el dinero del Presupuesto. Ello avergonzará para siempre a los que lo hicieron y a los que lo permitieron.