Postrimerías
Ignacio F. Garmendia
Todo lo que era sagrado
PASAN diez minutos de la medianoche. La operadora de la centralita telefónica atiende después de varios minutos de espera. Un taxi llegará en "cinco o seis minutos". Veinte después no aparece ningún vehículo. Nueva llamada insistente y segunda consulta: no hay ningún coche en la zona, así que no puede enviarlo a recoger a los pasajeros.
Nuevo intento, ahora con Cabify. De nuevo, otra insoportable demora. Y cuando finalmente a la 1 de la madrugada aparece uno en el horizonte, la sorpresa es el coste del servicio. Más de 30 euros por una trayecto de unos ocho kilómetros y una duración estimada de veinte minutos entre Tabacalera y el inicio del Camino de Colmenar. Y con poca circulación a esa hora. Cuestión de oferta y demanda.
Cierto que era la Noche de San Juan y, por tanto, con miles de personas en las calles. Pero la falta de taxis en Málaga ya resulta un problema. Los asalariados aseguran que los fines de semana llegan vehículos de todo tipo de plataformas, Uber, Bolt, Cabify. Hay colas en las paradas del centro y no hay servicio.
Estos trabajadores reclaman al Ayuntamiento que conceda más licencias, frenadas desde hace más de una década. Estiman que faltan unas 180 para cumplir la ratio de 2,35 por cada mil habitantes. Y la mayoría de esos nuevos coches deberían ser adaptados para usuarios con movilidad reducida. Hay una seria carencia.
Pero en todo conflicto hay dos partes en litigio. Los autónomos, que disfrutan de esas 1.400 autorizaciones para trabajar en la capital, se niegan a que aumente el cupo. Admiten que sí, que habrá un problema con este servicio público estos próximos meses, pero que la solución no es poner más coches en las calles, sino que circulen los actuales durante las 24 horas. La alternativa que proponen es contratar más asalariados para completar esos servicios. Incluso dejar atrás la normativa que obliga a los descansos de al menos un día. Algo que rechaza el otro colectivo.
Pero en el fondo también hay otro escenario del que oficialmente nadie habla y del que es responsable el Ayuntamiento, la institución que concede estos permisos municipales y que deberían impedir este mercadeo. Las licencias del taxi se traspasan por hasta cien mil euros. A veces el titular exige al comprador que también adquiera el vehículo. Con esos números que se manejan, lógicamente el taxi es un negocio. Por eso, los asalariados que llevan años al frente de un volante reclaman más permisos. Al concederse por antigüedad no pagan esas disparatadas cifras.
Amenaza de protestas. Con falta de taxis cuando más se necesitas y De la Torre que suele esquivar los conflictos hasta que ya no pueden solucionarse.
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