Un futuro incierto

Lo característico de la política de Sánchez es que su gobierno es débil, mantenerse en él exige pactar con socios no demasiado amistosos, exige hacer concesiones importantes y al límite de la legalidad constitucional –la amnistía-, depende de los complejos resultados de un año electoral y, todo ello, sin olvidar la presión judicial y mediática del caso ‘Begoña Gómez’. A estas alturas, con la oposición sólo ha conseguido la renovación del poder judicial y eso sí, puede exhibir unos buenos datos económicos.

Sanchez quiso hacer de su necesidad virtud cuando empezó esta legislatura e intentar avanzar en la solución del problema catalán. Sin embargo, más allá de las palabras, su mayoría en el Congreso dependía de los diputados del partido de Puigdemont y, ahora, la victoria de Salvador Illa depende de un pacto que tiene que ser respaldado por las bases de ERC en el que se cambia el modelo de financiación. Cataluña es vital para Sanchez.

Se trata de un nuevo concierto económico y fiscal. Según lo pactado, la Generalitat pretende asumir la recaudación del conjunto de impuestos en la comunidad, de forma paulatina a partir de 2025, y transitar hacia un modelo de concierto fiscal para Catalunya en la línea del que rige en Euskadi y Navarra. El pacto cuenta con el apoyo del PSOE y el PSC, y ha sido elogiado por el presidente Pedro Sánchez. También la dirección de ERC defiende el documento, apoyando una votación favorable. El texto no permite hacer previsiones cuantitativas exactas, pero es evidente que implica una pérdida del poder económico del Estado para atender políticas públicas fundamentales y, sobre todo, altera el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas, en beneficio de las comunidades más ricas, en el caso que cunda el ejemplo y lo soliciten.

Pero la pretensión económica pactada por PSC y ERC tiene varios obstáculos obvios. El más claro es la necesidad de reformar, al menos, la ley de financiación de las comunidades (LOFCA), que como ley orgánica necesita del apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso. Partidos como Compromís o la Chunta Aragonesista, ambos integrados en Sumar, ya han mostrado su rechazo. Una negativa suficiente para desbaratar la suma necesaria para el proyecto. También han surgido voces discrepantes dentro de los barones socialistas, desde Emiliano García Page, Javier Lambán o Adrián Barbón.

Caminar hacia un modelo de Estado Federal exige una reforma constitucional, y saber hacia qué clase de modelo de Estado Federal avanzamos. Por otra parte, la reforma del sistema de financiación tan importante como ésta y con las consecuencias que puede tener no debería de hacerse para solucionar, única y exclusivamente, la gobernabilidad de Cataluña e iniciar una fase nueva de fin del proces, si no para diseñar un sistema de financiación autonómico con el consenso de todos los partidos y comunidades autónomas. Se ha perdido una oportunidad histórica de hacerlo cómo se debía y así sirviera para corregir las deficiencias del que tenemos. Le va hacer falta explicar el pacto, presidente Sanchez ante las incógnitas de un pacto que nos sume en un futuro incierto.