Ni impunidad, ni olvido

Las resoluciones del Tribunal Supremo respecto a la aplicación de la ley de amnistía y del Tribunal Constitucional amparando parcialmente a los altos cargos de la Junta de Andalucía que habían sido condenados en firme por el uso fraudulento de los fondos destinados a sufragar expedientes de regulación en empleo han suscitado reacciones de fuerzas políticas que arriman el ascua a su sardina para enfatizar errores o contradicciones ajenas obviando las propias.

La negativa del Supremo a aplicar el borrado del delito de malversación a los principales líderes del procés se ha movido por derroteros distintos a los que podía esperarse: la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la cuestión de inconstitucionalidad (que sí se plantea respecto al amnistiado delito de desobediencia). Los jueces de la cúspide del derecho penal español, que para nada es el Constitucional, han optado por usar el propio texto legal de la amnistía para negarla, tantas veces retocado que resulta deficiente. Es lo que tiene hacer leyes ad hoc e intentar reaccionar al normal funcionamiento de la justicia.

En definitiva, la impunidad no cabe en un sistema democrático y no basta una mayoría parlamentaria para retorcer el derecho y la igualdad ante la ley. En realidad el mismo argumento es aplicable al discutible criterio adoptado por la mayoría del Constitucional para exonerar a quienes fueron condenados en firme por quien tiene la competencia jurisdiccional, porque entran en ese campo para poder justificar la vulneración de derechos fundamentales, que es su competencia.

Al margen del debate jurídico, al que le queda recorrido en ambos casos y del que se ocuparán voces expertas, me escandalizan las reacciones políticas de parte que han tenido los partidos mayoritarios españoles. Y singularmente del partido que ejerce el Gobierno en España y la oposición en Andalucía, aunque el PP no puede quejarse de un reparto del TC del que participa activamente.

El Ejecutivo argumentaba que la amnistía era constitucional porque la aplicarían para cada caso los jueces, pero los cuestionan cuando cumplen esa función con un resultado que no es el que quieren para perpetuarse en el poder: siete votos que lo justifican todo. Aún más grave es la reacción a la exoneración del caso de los ERE. Se equivocan los políticos socialistas que ahora hiperventilan: demuestran estar absolutamente alejados de la realidad andaluza. Sea el fallo político y lo que conlleva penalmente, pero no es el veredicto social, que no pasa ni mucho menos por el olvido ni por la justificación.