Política decente

Dos semanas después de la catástrofe de Valencia –224 fallecidos y 16 personas aún desaparecidas– y tras la experiencia en Andalucía que ha permitido superar una segunda DANA con previsión y sin ninguna víctima, resulta indecente que ningún responsable político haya dimitido, ni en la Generalitat Valenciana, cuya gestión es calamitosa, ni en el Gobierno del Reino de España, que sigue en su inmoral espiral de sacar rédito político a la tragedia.

Las intensas lluvias de los últimos días en el arco Mediterráneo llevaron al presidente autonómico, Carlos Mazón, a posponer a hoy su comparecencia en las Cortes Valencianas. No esperen que tenga el decoro y el pundonor de asumir la responsabilidad política de su desastrosa gestión: no dimitirá. Apenas intentará establecer un cortafuegos con la destitución de dos consejeras, la responsable de emergencias que ni siquiera conocía el sistema de alerta a la población en los móviles y la que tuvo escasa empatía al exigir que los familiares de los muertos y desaparecidos ni se acercaran a la morgue. No sólo es insuficiente: es inmoral.

Mazón no puede continuar ni un día más en el cargo: la situación está ya lo suficientemente normalizada para renunciar, por más que quede un trabajo ímprobo para reconstruir la destrucción causada.

Ante su previsible incapacidad para asumir su responsabilidad política, el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene la obligación de actuar y exigirle que dimita. Aunque, la verdad, no lo espero. El ex presidente gallego siempre se queda a medias. No comprende que no se puede combatir al sanchismo con la misma inmoralidad con la que se maneja éste. Que no vale todo. Que hay costes que hay que asumir si se quiere ejercer la política con decencia. Su postura, además, resta legitimidad a la oposición justificada a que sea comisaria europea Teresa Ribera, una de los ministros con responsabilidad, aunque no la única, que también deberían asumir que lo único decente es dimitir. Grande-Marlaska es otro claro ejemplo.

El Gobierno de Pedro Sánchez está instalado en la impostura de que no es el momento de analizar la asunción de responsabilidades mientras su grupo político y los medios que siempre siguen sus consignas sólo exigen responsabilidades a Mazón, pero a nadie más.

El Gobierno, y más si sabía que la Generalitat no respondía ante la emergencia, tenía la obligación legal de intervenir, declarar una emergencia nacional o incluso el estado de alarma. No lo hizo porque antepuso el rédito político. A la culpa, que comparte con el PP, añade el dolo. Indecente.