Una querella por la sanidad

La sanidad puede terminar siendo el talón de Aquiles de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. El detonante de un cuesta abajo que desemboque en la pérdida del poder. Ya lo fue en buena medida para Susana Díaz. Es fácil de comprender: se trata de un servicio que requiere ingentes recursos y que siempre resultan insuficientes porque la demanda crece imparablemente y sin remedio: vivimos mucho más y exigimos mejores prestaciones.

Ahora bien, la placidez acrecentada que caracteriza este segundo gobierno del PP andaluz no ha sido alterada por las listas de espera, la crisis de la asistencia ambulatoria o el colapso de las urgencias, sino por las prácticas administrativas del Servicio Andaluz de Salud. Por el funcionamiento de la cúpula del SAS desde hace años en sus métodos de contratación. Un problema netamente político.

Resumen: un juzgado sevillano ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE de Andalucía contra la Junta por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia entre 2021 y 2023 por parte del SAS. Se trata de contratos adjudicados a dedo, es decir, sin las condiciones normales de la Administración Pública (publicidad, competencia, control) por importe de trescientos millones de euros. Se puede usar este procedimiento rápido y digital en situaciones de emergencia, pero en el caso que nos ocupa se siguió contratando así cuando ya había decaído el decreto que lo autorizaba durante el período más grave de la pandemia del Covid y, asimismo, años después de que la propia Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico advirtiera a sus colegas de que el sistema de contratación de emergencia debía ser abandonado. La misma Intervención del SAS, responsable de fiscalizar al organismo gestor, emitió dos informes desfavorables alertando de graves riesgos para el gasto público.

¿Por qué nadie hizo caso de esos informes e instrucciones? Eso es lo que urge que aclaren el SAS, la Consejería de Salud y el presidente de la Junta de Andalucía, máxima autoridad y autor de los nombramientos –y ceses, porque cesaron– de los responsables de ambos órganos de gestión de la sanidad. De momento la reacción de Moreno Bonilla ha sido decepcionante: dijo que el denunciante Juan Espadas hacía lo mismo cuando era consejero de Vivienda. Una respuesta de ministro socialista...