Responsabilidad compartida

No es un problema de España. Lo es de Europa. O al menos de una parte suficientemente amplia como para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya planteado recientemente la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, y de rebote, de la población en general. El precio que ha alcanzado, tanto en alquiler como en compra, es un problema generalizado que responde a una triple política fiscal, de construcción de vivienda y urbanística. Estando las competencias repartidas, es imposible atribuir responsabilidades en exclusiva.

No cabe duda que la política urbanística se encuentra en manos de los ayuntamientos desde el momento en que son responsables de la clasificación de nuevos suelos como urbanizables y facilitar la gestión de su desarrollo. Pero en esto, al igual que los ayuntamientos, tienen mucha responsabilidad las comunidades autónomas. No es de recibo que un Plan Parcial tarde más de cuatro años en superar un informe medioambiental de la Junta cuando que tenía que hacerse en seis meses como máximo y que toda explicación sea que tienen mucho trabajo y poca gente. Si preguntamos por Cultura, de las humedades hablaremos otro día. La construcción de vivienda social, la conocida como de protección oficial es, en principio, competencia de las autonomías. Pero la continua reivindicación de los municipios y la creación de sus respectivas empresas municipales de vivienda ha conllevado la delegación en la práctica de esta responsabilidad, de la que ahora no se pueden substraer.

Es la política fiscal la que compete al Estado. La que fue objeto hasta 2013 de medidas que facilitaban el acceso a la vivienda mediante subsidiación de préstamos y desgravaciones fiscales. Todo esto cambió con la crisis del 2007. Políticamente se concluyó que había viviendas de sobra, aunque no se localizasen donde se demandaban, y se apostó por la rehabilitación del parque existente. Asunto que era necesario, pero que no terminaba de dar respuesta a la demanda existente. A este cambio de política se le sumaron dos cambios esenciales en el sector: la irrupción de las viviendas de alquiler turístico —que sacan numerosas unidades del mercado— y la transformación en un mercado de bienes de inversión de lo que hasta esa fecha había sido uno de bienes de primera necesidad. Lo que empieza por demandar políticas fiscales diferenciadas.