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El fiscal general del Estado designado por el Gobierno de la nación ha sido imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Es la primera vez que sucede esto en la democracia española. No va a dimitir a pesar de tener en contra a la mitad de la carrera fiscal. De modo que pronto deberá declarar ante un subordinado suyo cuyo futuro profesional depende enteramente de él. Imaginen con qué independencia podrá comportarse.
Lo más prudente es mantenerse en el alto cargo, dice Álvaro García Ortiz. También es lo mejor para el Gobierno que lo nombró a su mayor servicio y que lo considera uno de los suyos, atacado injustamente por la oposición de derechas, como se ha encargado de confesar Santos Cerdá. Su proceso quedará en nada, anunció, porque el fiscal general se limitó a defender la verdad y desmentir un bulo.
Desde Bruselas Pedro Sánchez sí ha exigido la dimisión... de Isabel Díaz Ayuso. Su obsesión más íntima y profunda. La ha llamado corrupta, aunque por el momento no está imputada judicialmente por nada. Su novio sí. Pero en un Estado de Derecho la gente no es culpable por parentesco (salvo que participe en el delito del pariente). Si fuera lo contrario, ¿no debería dimitir antes que nadie el propio Sánchez, con una esposa imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, un hermano igualmente investigado y su máximo hombre de confianza en el PSOE y en el Gobierno durante muchos años con muchas papeletas para ser condenado por corrupto?
Volviendo al fiscal general, éste perpetró presuntamente el delito de revelación de secretos justo cuando estalló el caso de Begoña Gómez y su amantísimo marido quiso contrarrestarlo poniendo la atención en el novio de Ayuso. Así fue como el sonriente y solícito García Ortiz entró en el engranaje de la contramáquina del fango. Sólo que el caso Begoña es mucho más que un producto de la fachosfera y un juez caprichoso y reaccionario. Lo vienen confirmando la Audiencia de Madrid y los hechos contrastados sobre interesantes visitas a la Moncloa en las que el empleador acude a la vivienda de la aspirante a empleada. El mundo al revés. O las reuniones de la presidenta consorte con el muñidor de la trama corrupta, Víctor de Aldama. Sánchez no se conforma nunca con la adversidad. Puso a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía al servicio de los intereses de Begoña Gómez. Ahora, al fiscal general.
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