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La Atención Primaria seguirá siendo un quebradero de cabeza para la Junta. Nunca se podrá cubrir toda la demanda asistencial porque ésta tiende a infinito y siempre se podrán utilizar sus deficiencias y sus colapsos como argumentos de desgaste político. Sentada esta premisa, Juanma Moreno ha adoptado en las últimas semanas dos decisiones a este respecto, una buena y una mala, que conviene valorar. La mala ha sido permitir que se abra un falso debate sobre la privatización de Atención Primaria a cuenta de una confusa orden de tarificación de servicios concertados, que tuvo que rectificar atropelladamente en el Boletín Oficial. Con ello dio una baza a sus rivales políticos en unas fechas en las que se mira a unas elecciones trascedentes para terminar de configurar el nuevo mapa político de la región. Las concentraciones convocadas el jueves por CCOO, UGT y CSIF en Sevilla son una buena muestra de ello. La decisión buena ha sido pivotar el Pacto Social y Económico firmado por la Junta con los sindicatos y patronal sobre un acuerdo para mejorar la asistencia sanitaria de primer nivel. La Junta le ha puesto fecha a este acuerdo: será suscrito en abril y con ello pretende zanjar el debate antes de la campaña electoral. El texto va a comprometer que el 25% del total del gasto sanitario de Andalucía se dedique a atender las necesidades de la Medicina de Familia y la Pediatría. Ello supondrá movilizar 3.370 millones de euros según el consejero Antonio Sanz y contribuirá a reducir la presión que sufren los trabajadores y los usuarios. La sanidad pública va a seguir siendo una fuente de conflictos, pero es evidente que hay mucho que hacer de forma inmediata para mejorarla. Todos los esfuerzos que se pongan en ello hay que darlos por bien empleados.
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