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El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la ley del sólo sí es sí. Una norma carente de rigor para los expertos, que ha propiciado hasta el momento la rebaja de penas a casi mil condenados por delitos sexuales y la salida anticipada de la prisión de un centenar. Corregir este desatino impulsado por el Gobierno y que estaba en vigor desde octubre era prioritario. Los cambios, sin embargo, sólo servirán para reconducir los casos que se juzguen a partir de ahora. No hay posibilidad de aplicar un efecto retroactivo. La decisión de la parte socialista del Ejecutivo ha provocado el desgarro más importante de la legislatura con su socio de Unidas Podemos. Y no son pocos los desencuentros que acumulan. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha decidido enrocarse y convertir en activo electoral una ley que hasta ahora sólo ha servido para causar mayor dolor a un millar de víctimas. Una caza de brujas emprendida por los partidos más extremistas de la izquierda para responsabilizar directamente a los jueces de todos los efectos indeseados. La reforma ha sido aprobada por 233 votos a favor y 59 en contra. La noticia es que entre los nueve partidos que la han refrendado figuran PSOE y PP. Un acuerdo insólito si analizamos el devenir de esta legislatura. A lo largo de los últimos años se ha repetido con insistencia que en España la política se dirime entre bloques ideológicos permanentemente enfrentados y sin resquicio para hallar puntos en común. La positiva novedad no debería representar una simple excepción. Un pacto entre los dos principales activos que representan el sentir de la mayoría no puede ser motivo de vergüenza sino de esperanza. Hay que ponerle límites a la crispación permanente que se vive. Con la contribución principal de formaciones nacidas a los extremos de socialistas y populares. PSOE y PP están llamados a relevarse en el poder y en asuntos cruciales deberían estar condenados a entenderse.
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