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Desde octubre de 2021, la Comisión Europea (CE) y Reino Unido mantienen abierto un proceso de negociación para la firma de un tratado que regule las relaciones de Gibraltar con los 27, de tal suerte que los 30.000 vecinos de la colonia británica y los 270.000 del Campo de Gibraltar conformen lo que ambas partes vienen a llamar un “área de prosperidad compartida”. La representación visible de ese objetivo sería la desaparición de los controles policiales y aduaneros en la Verja, pero, para llegar a ese escenario, es imprescindible que se den una serie de requisitos para igualar los condicionantes de vida a uno y otro lado. Como ha detallado este periódico, las diferencias entre Bruselas y Londres se mantienen en cuestiones clave como la equiparación de la presión fiscal, la lucha contra el contrabando de tabaco, la transposición de la normativa medioambiental europea al Peñón (emisiones atmosféricas, depuración de aguas, bunkering...), la igualación de las pensiones, el control de las fronteras exteriores de la UE (sin la Verja, estarían situadas en el puerto y aeropuerto llanitos) y el uso conjunto del aeródromo por parte de Reino Unido y España, además de la presencia militar británica. La reunión del día 28 entre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, y su colega de Reino Unido, David Cameron, fue un intento de impulsar un proceso de diálogo que permanece en punto muerto. El actual statu quoúnicamente beneficia a Gibraltar: desde la aprobación del Brexit en 2016, no ha emprendido cambio alguno para asemejarse al contexto normativo europeo y, sin embargo, la Verja sigue abierta para los llanitos, ajenos al código de fronteras Schengen que rige en el resto de la UE. La CE y el Gobierno de España, como actor destacado en el proceso negociador, han demostrado paciencia, pero ha llegado el momento de poner límites y de que apuesten por medidas que garanticen la prosperidad del Campo de Gibraltar, con independencia de la agenda, los deseos y los intereses de sus vecinos gibraltareños.
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