Varapalo judicial al ministro (y juez) Grande-Marlaska

El Juzgado de lo Contencioso de Ceuta que analiza la devolución de los menores inmigrantes a Marruecos mantiene la suspensión cautelar de las repatriaciones ante una primera evidencia de que no se ha estado cumpliendo los trámites preceptivos. No hay un inicio del proceso de devolución ni estudios individualizados, ni el juzgado considera que haya excepcionalidades en la Ley de Extranjería. En definitiva, las devoluciones de menores se han venido realizando sin un sustento legal y administrativo, más allá de la apelación a un acuerdo bilateral con Marruecos de 2007 que lo permite. Desde que se supiera de las devoluciones a través del aviso de varias ONG, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha practicado una suerte de escapismo de sus funciones por el que quería convencer a la opinión pública española de que ha sido Ceuta y su Gobierno autonómico el artífice de tales devoluciones. Esto ya indica que el ministro sabía que algo no se estaba haciendo bien. En efecto, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, solicita a Interior que active las devoluciones, con la base del acuerdo bilateral con Marruecos, pero es el Gobierno de España el custodio de las fronteras y de las relaciones con el país vecino. Se puede entender que ambos gobiernos, el español y el ceutí, se acojan a ese acuerdo bilateral para sustentar las expulsiones, pero ese texto contiene la advertencia literal de que se deben cumplir todas las garantías que exige la legislación general y la Carta del Niño de Naciones Unidas. Y eso tampoco se ha hecho. No constan los expedientes individualizados de la situación de cada menor, aunque el Gobierno marroquí sí ha aceptado que tutelará a los menores que no puedan ser devueltos a sus familias. Grande-Marlaska lo ha hecho mal, peor si se considera que es juez en excedencia con un currículum extenso que lo avalaba como un magistrado comprometido con los derechos humanos. El problema de estos menores se mantiene. La ciudad autónoma tiene poca capacidad para seguir acogiéndolos, por lo que o se inicia unos nuevos expedientes sujetos a la legalidad o habrá que diseñar un plan para repartirlos por las Península.