La batalla de Doñana

Doñana es una de las principales reservas de biodiversidad de Europa, si no es la más importante de todas ellas. Todo lo que pase en torno al Parque Nacional se mira con lupa no sólo en su entorno, también en Madrid, en Bruselas y en las sedes de los poderosos grupos de presión medioambientalistas que hay en el mundo. La batalla desatada en torno a la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía para ampliar regadíos en el entorno del espacio natural sólo se puede entender desde esta premisa. Hay en juego muchos intereses económicos y políticos que desenfocan la cuestión. La Junta de Andalucía no ha escogido el mejor momento para lanzar la iniciativa, aunque ninguno hubiese sido óptimo. A las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas que se juegan, sobre todo para los dos grandes partidos, en clave nacional, en medio de una sequía atroz que ha desecado los humedales y ha supuesto ya una tragedia ecológica y con la Unión Europea lanzando continuas advertencias, lo único que faltaba era una iniciativa que, en su lectura más primaria, detraería agua de la reserva natural para dedicarla a la agricultura intensiva. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado ni un momento en utilizar la baza política que se le ponía por delante esgrimiendo argumentos que sorprenden por su bajeza, como el de llamar "señorito" a Juanma Moreno, olvidando, por ejemplo, que en la pasada legislatura el PSOE andaluz dio luz verde a la medida. A la Junta le ha faltado pedagogía. Si la ley apunta a la utilización de recursos hídricos que no afectarán ni al acuífero que nutre al Parque ni a sus aportaciones por lluvia, la verdad es que no ha logrado persuadir mínimamente ni a la comunidad científica ni a la Unión Europea, de los que no hay que suponer intereses bastardos en el tema. Desde este punto de vista, la Junta se ha equivocado y va a tener complicado convencer de que con la ley que se tramita es capaz de conciliar los intereses de Doñana con los de los agricultores de las zonas circundantes.