Una exigencia lógica y necesaria

De sobra es conocido que el colectivo de personas mayores es el que más ha sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus. Las imágenes y relatos dantescos de la primera oleada, en el que miles de ancianos murieron solos y sin apenas asistencia médica o personal en las residencias y domicilios, quedará como la más funesta memoria de una pandemia que aún no ha finalizado y que nadie sabe cuando lo hará. Además, para mayor inquietud, se está comprobando que muchas personas de la tercera edad, debido a sus problemas de inmunodeficiencia, se están contagiando en los últimos tiempos pese a estar ya vacunadas. En las últimas semanas hemos asistido a la proliferación de rebrotes importantes en distintas residencias de mayores pese a lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento del virus y en la protección de sus posibles víctimas. Por todo esto entra dentro del más estricto sentido común que se tomen todas las medidas para evitar que el virus vuelva a hacer estragos en los asilos. Esta idea choca con recientes sentencias en diversas comunidades autónomas, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han estimado que no se puede obligar a los empleados de dichas residencias a vacunarse o a hacerse pruebas diagnósticas de coronavirus que certifiquen que no son agentes transmisores de la enfermedad. No es nuestra misión poner en duda las sentencias de un Alto Tribunal como el TSJA, que ha optado por una comprensible postura garantista. Pero tiene razón el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, cuando ha instado a la ministra del ramo, Carolina Darias, a que se cree un marco legal que evite la existencia de trabajadores de las residencias que se nieguen a vacunarse y a someterse a las pruebas diagnósticas. La petición, decíamos, entra dentro del más estricto sentido común. No podemos proteger a nuestros mayores si no nos aseguramos de que el personal que está en contacto diariamente con ellos no son transmisores de la enfermedad. Lo contrario sólo nos está llevando a nuevos brotes en las residencias, y eso es algo que ni las autoridades ni la Justicia debería tolerar.