El fiscal y la guerra de la Justicia

Uno de los indicadores más alarmantes sobre el deterioro de la política española es el de la instrumentalización y utilización de la política con fines partidistas. La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un hecho de una gravedad sin precedentes en nuestra historia democrática. También lo es el que, tras esta imputación, el fiscal general haya decidido permanecer en su puesto con un argumentario que se podría considerar más propio de la política al uso que de un jurista en un cargo de la máxima responsabilidad. Pero quizás lo más preocupante de todo este caso es que se deja ver claramente un conflicto político que deja en un segundo plano las motivaciones puramente jurídicas. Así lo indica el cierre de filas del Gobierno con García Ortiz, al que ha brindado todo su apoyo, o las peticiones de dimisión inmediata que han surgido desde las filas de la oposición. A estas alturas, a nadie le puede extrañar, porque así lo afirmó el propio presidente, que el Gobierno considere la Fiscalía General del Estado como una de sus más importantes terminales de poder, sin que exista ya siquiera la ficción de una pretendida independencia de actuación. Por ende, tampoco puede extrañar que desde la oposición se le considere un importante objetivo a batir. Quien sale perdiendo es la Justicia y su independencia, una de las bases más importantes de un sistema democrático. Al margen de estas consideraciones, no cabe duda de que tras la decisión del Tribunal Supremo la situación del fiscal general es insostenible. Aunque fuera por una elemental higiene democrática, debería dimitir de su cargo como le han pedido las principales asociaciones profesionales. Encastillarse como ha hecho es demostrar que está en una guerra política. Lo peor que puede hacer.