La mudanza de Ferrovial

La Junta General de Accionistas de Ferrovial aprobó el jueves la operación que permitirá el traslado de la sede de la compañía desde España a Países Bajos. La empresa líder en infraestructuras y movilidad, creada en 1952, cambiará su domicilio social bajo la premisa de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam y dar después el salto definitivo a Wall Street. La empresa ha ejercido una prerrogativa a la que tenía perfecto derecho, tanto desde el punto de vista legal como corporativo. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, asegura la continuidad operativa, las inversiones y la cotización nacional a través de la filial española. Ferrovial facturó 7.500 millones en 2022, un 82% de esos ingresos procedieron del exterior. Su negocio, además del original de la construcción, ha girado en los últimos años hacia los aeropuertos y las autopistas. Y Estados Unidos se halla desde hace mucho tiempo en su punto de mira. Una multinacional debe anteponer su viabilidad, sus objetivos estratégicos y la remuneración de sus accionistas a cuestiones sentimentales o de interés patrio. Es la realidad que se impone en una Unión Europea que fomenta la competencia y la libre circulación de personas y capitales. En el caso de Ferrovial, ha quedado diáfana la torpe intervención del Gobierno estos últimos meses de continuos reproches, que ha viciado cualquier clima para el entendimiento. La opción por la amenaza antes que por la persuasión y el duelo personal frente a la negociación han guiado la actuación del Ejecutivo. Las declaraciones populistas ahora pasan factura. También el responsable de Ferrovial erró al poner en duda la seguridad jurídica en España. Sólo necesitaba subrayar que la empresa aspiraba a financiarse mejor. No debe tratarse a una empresa como un apéndice más de la Administración y menos exigir que se preste a subrogar sus intereses a los del poder político de turno.