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Rodeado de un manto de ocultismo, un delegado del partido que gobierna en España se trasladó ayer a Ginebra para rendir pleitesía y pasar el examen de la formación que dirige un, todavía, fugado de la Justicia. Lo hizo además ante un verificador internacional que resultó ser un oscuro diplomático salvadoreño. Esta es de las ocasiones en las que el patetismo se da la mano con el ridículo, algo que empieza a no ser tan extraño en la política española. Y este es el precio que hay que pagar para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Cuando se formalizó que el PSOE se tragaba todo lo que había dicho antes y aceptaba la amnistía impuesta por Puigdemont, muchas voces avisaron de que eso era sólo el comienzo. La escena de Ginebra con verificador internacional incluido –lo que, en la práctica, supone la humillación del Estado– es sólo un paso más de un recorrido que tendrá su próxima estación en algún tipo de referéndum de autodeterminación. Con la amenaza permanente del prófugo de Waterloo de que es capaz de romper la baraja al primer revés. En este contexto, observar los esfuerzos de la maquinaria propagandística que mueve la Moncloa para justificar lo injustificable entraría en el terreno de lo cómico si no fuera tan grave. Esta semana se ha llegado a decir que la amnistía va a ser lo que propicie e impulse las leyes sociales que piensa poner en marcha el Gobierno de coalición. O que, declarado por el propio que Sánchez envía a Ginebra, el encuentro con Puigdemont y el verificador no es más que una reunión de trabajo a la que no hay que dar importancia. Hemos llegado a un punto en el que reclamar un mínimo se seriedad se antoja un imposible.
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