El prestigio de la Fiscalía

El fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá que declarar el próximo día 29 en el Tribunal Supremo en calidad de investigado. El magistrado instructor Ángel Hurtado lo ha citado para que responda por la supuesta filtración de un correo electrónico con información confidencial sobre Alberto González Amador, acusado de un fraude fiscal de más 300.000 euros y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por más que fuera previsible, dado el curso que habían tomado las investigaciones y el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la convocatoria es un hecho de una enorme gravedad y sin precedentes en la historia democrática de España. El fiscal general es el máximo garante de la legalidad y una de las figuras más relevantes en el ordenamiento institucional. Con independencia del curso que tome la instrucción y de si finalmente desemboca en un auto de procesamiento, es poco comprensible que en su situación judicial García Ortiz permanezca todavía en su cargo. Como se sabe, el fiscal incurrió presuntamente en un delito de revelación de información confidencial por la filtración de un correo electrónico con datos de González Amador para desmentir un bulo fabricado por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que había sido publicado por algunos medios. Según el instructor, lo habría hecho en coordinación con la Presidencia del Gobierno. Se antoja incomprensible que un jurista de la categoría de García Ortiz incurriera en una práctica de estas características. La investigación que lleva a cabo el Supremo tiene, en función de estar circunstancias, pleno sentido. La dimisión del fiscal general, que ha sido pedida desde numerosas instancias, no supondría la admisión de culpabilidad, más bien todo lo contrario. El hecho de que permanezca en su puesto compromete el prestigio del Ministerio Público y de todos sus integrantes. Así las cosas, lo más lógico parece que la renuncia del fiscal no se demore por más tiempo.