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El Gobierno salvó ayer la convalidación del decreto sobre la reforma laboral por un voto equivocado. El que emitió a favor por error telemático un diputado del PP. El estrambote final que abrocha el espectáculo que se ha vivido en las últimas horas en el Congreso al afrontar un asunto de gran calado. Los hasta ahora socios del Gobierno de coalición le han dado la espalda. Las negociaciones para conseguir apoyos de hasta once formaciones muy dispares la reventaron dos parlamentarios de UPN que se negaron a obedecer las directrices de su partido. Difícil sumar más despropósitos para tramitar una norma que llegaba a la Cámara con el aval de sindicatos y empresarios y que cumple con las exigencias que impuso la UE para facilitar los fondos Next Generation para la lucha contra el Covid. La gran derrotada de ayer es justamente la impulsora de la norma, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Finalmente, tuvo que asumir la imposibilidad de pactar con ERC y PNV y agradeció incluso el respaldo de Ciudadanos. Un anatema durante toda la legislatura para Unidas Podemos. En sus palabras, pesó más su desánimo por el "fracaso", sobre todo por no convencer a los republicanos catalanes, que el paso "histórico" que, en su opinión, representa la reforma. El desencuentro abre dudas sobre la futura capacidad de maniobra de este Gobierno. Aunque desde ERC se quiso restar importancia a su portazo. Con la génesis del resultado de ayer, Pedro Sánchez tampoco podrá presumir de pactos transversales a no ser que su estrategia incluyera la pifia de la oposición. Y el PP queda retratado por partida doble. Obtiene el premio a su cerrazón por no apoyar una propuesta que deja sustancialmente intacta la que promulgó su propia formación. Ahora con el respaldo de sindicatos y empresarios. Más allá del insólito desenlace y la resolución legal que se adopte, la reforma laboral debe cumplir la función de reducir la temporalidad en el empleo. Los datos del paro del pasado mes de enero al menos ofrecen algún indicio para la esperanza.
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