Los riesgos de un juicio paralelo en el caso Julen

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha concluido el procedimiento para averiguar las causas que determinaron la muerte de Julen, el niño de 2 años que falleció el pasado 13 de enero tras precipitarse al interior de un pozo ilegal, en una finca de la localidad malagueña de Totalán. Entiende la magistrada que ya no es necesario practicar más diligencias y abre el plazo para que las partes soliciten la apertura de juicio oral y formulen la acusación o, por el contrario, pidan el sobreseimiento. La jueza, en principio, ha apreciado indicios de criminalidad en uno de los implicados: el propietario del terreno donde sucedió el accidente. Considera que pudo incurrir en un delito de homicidio imprudente grave porque, pese a que conocía que el orificio se hallaba sin sellar, no adoptó medidas para evitar cualquier posible daño. Agrega, además, que tampoco alertó del riesgo a los padres del pequeño. El investigado ya ha anunciado que recurrirá el auto porque discrepa de esa conclusión. Afirma que dio el aviso en varias ocasiones y que los progenitores serían tan responsables de la muerte del niño como él. Un testimonio al que ha replicado el padre de Julen con otra declaración televisada para asegurar que si hubiera sido al revés, a estas alturas él ya no podría contarlo. El caso Julen conmocionó en su día a la opinión pública. Y una vez más, se pudieron comprobar los excesos de un mal entendido ejercicio periodístico por parte de diversos medios de comunicación. La escalada de estos testimonios previos no preparan el escenario para celebrar un juicio, si finalmente así se determina, con la serenidad que requiere un asunto tan sensible como el de la muerte del menor. Y es de temer que, con los ingredientes que ya se adivinan en este desagraciado asunto, las pantallas se conviertan estos días en banquillos paralelos para servir grandes dosis de espectáculo y de morbo. La vista también deberá determinar si se atiende la reclamación de la Junta por el coste superior a los 687.000 euros de las actuaciones de emergencia y la obra de ingeniería que fue necesario ejecutar para llegar al paradero del pequeño, trece días después de su desaparición. Una factura pública pendiente. El suceso ha servido, además, para concienciar a la sociedad de la existencia de cientos de pozos ilegales que hay abiertos por toda la geografía andaluza. Una web en la que colabora Protección Civil sirve para descubrir y tramitar denuncias contra este tipo de orificios que representan un serio peligro.