Mal menor, Estado de Derecho y Amnistía

El hombre está condenado a ser libre”, sentenció Jean-Paul Sartre, tanto que el psiquiatra Viktor Frankl constató que incluso en los campos de concentración, y en las circunstancias más hostiles, podemos optar por la libertad de elección moral.

Sin embargo, las elecciones morales ocurren habitualmente en un marco de tensión entre múltiples factores y condicionantes, aún más las decisiones políticas, marcadas desde siempre por su relación con la ética.

Napoleón anotó como resumen al final de un ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo: “Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón”. Las ideas de Maquiavelo fueron expandidas y practicadas por el Cardenal Richelieu en su Razón de Estado al postular que los mandatos éticos y religiosos eran inútiles para asegurar el éxito político.

Ese concepto renacentista de Razón de Estado se emplea en Ciencia Política como justificación que eximiría de respetar los límites de la ética: se estima lícito un mal menor si con ello se evita un mal mayor; ello opera en el siglo XX con la Doctrina Brézhnev en la Unión Soviética, o con en el dilema de la bomba atómica con Hanry Truman, sin embargo Martin J. Sherwin, autor del libro en el que se basa la reciente y exitosa película Oppenheimer, de Christopher Nolan, afirmó: “No, Japón se hubiese rendido de todos modos. Al tirar la bomba atómica, EEUU lanzó al mundo el mensaje de que las armas nucleares eran legítimas en una guerra”.

Estas teorías utilitaristas y del mal menor que se han impuesto hoy día, cristalizaron previamente en Bentham y Stuart Mill y difieren de la ética clásica que defiende el valor ético per se de cada acción, siendo por ello menos proclive al sesgo de conveniencia. Una buena refutación de estas teorías del mal menor llevadas al extremo, podemos encontrarla en Hannah Arendt: “El exterminio de los judíos fue precedido de una serie muy gradual de medidas cada una de las cuales fue aceptada como mal menor”.

Max Weber trazó su famosa distinción entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. Esto ha sido traído a nuestra España por Nicolás Redondo, poco antes de su expulsión del PSOE, inspirado por Marañón y Huxley: “En Política los medios son los fines”.

Con Kant el Estado de Derecho adquiere una dimensión moral: la política sometida por el derecho, que da como consecuencia la protección de los derechos individuales y la actuación del gobierno limitada por los derechos ciudadanos a través del contrato social que es la Constitución, que puede reformarse con las debidas mayorías. En ello cristalizan las teorías de Rousseau, Locke y Thomas Hobbes.

Dado que una amnistía era repudiada por el propio PSOE por inconstitucional, (se rechazó en el 78 en las enmiendas y atentaría contra la igualdad ante la Ley y la separación de poderes), la aprobación de una posible Ley, con cualquier nombre de “concordia” o “alivio penal”, respondería a la justificación de medios para obtener el fin de continuación de un “gobierno progresista”. La trampa ética es que existen otras opciones como la repetición electoral, o bien, el consenso entre partidos mayoritarios, cuyo enfrentamiento parece alentado para evitar posibilidad de alternancia. Los resultados además de supuesta “pacificación de Cataluña”, podrían no producirse, dando alas de nuevo a quienes verían borrado el reproche penal por imponer un régimen antidemocrático sin mayorías cualificadas. El mal menor sería, por tanto, una flagrante conculcación del Estado de Derecho, de modo que el principio de proporcionalidad del daño tampoco se cumpliría.

Hoy día, España ocupa la posición 23 en el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, penalizada por el indicador de Restricciones a los poderes del Gobierno. El imperio de la Ley no permite un trato preferente a independentistas condenados en una sentencia ejemplar para lograr la investidura. Por desgracia, en España la actuación del Gobierno cuenta cada vez con menor número de contrapoderes e instituciones independientes, siendo extremamente preocupante la situación de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional y la politización de muchas instituciones, como el CIS.

Cabe recordar que el artículo 67 de la CE ampara la libertad de voto de los Diputados, así pues no secunden a Maquiavelo, la Política sin ética sólo es un sistema para perpetuarse en el poder.