Los derechos de los sin voz

érase no hace mucho tiempo que a los niños se les mandaba callar cuando un adulto hablaba. Se les llamaba mocosos. Daba igual lo que el adulto refiriese; siempre era más importante que la llamada de la criatura. Hasta que un día, recién iniciada la década de los años 90, una veintena de países, España entre ellos, acordaron hacer ley la convención internacional que reconoce los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. ¿Saben qué dice? En resumen, son cuatro principios rectores obligatorios: no discriminación, primacía del interés superior del menor, garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo, y participación infantil. A partir de entonces niños y niñas pasan a ser sujetos de pleno derecho, lo que constituyó una revolución.

En Andalucía, justo esa misma década, el Parlamento creó un Comisionado para defender y promocionar todos esos derechos y libertades, el Defensor del Menor, una Institución que pronto cumplirá sus primeros 25 años. El debate sobre defensorías sectoriales (mayores, mujer, discapacidad,…) se resolvió claramente a favor de la infancia, de acuerdo a las recomendaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta atención especial y preferente por los derechos de las personas menores de edad sigue plenamente vigente, integrada por razones organizativas y funcionales en otro comisionado parlamentario creado para garantizar los derechos de la ciudadanía, el Defensor del Pueblo andaluz.

En este tiempo, esta Defensoría del Menor ha gestionado una media de 5.000 actuaciones al año relacionadas con la infancia y la adolescencia con el objetivo no solo de proteger sus derechos, sino también luchar contra la pobreza infantil, defender a las víctimas de cualquier tipo de violencia, y paliar el incremento de la desigualdad en este tramo de edad, especialmente para la infancia más vulnerable.

No en todos los hogares hay un ordenador para cada niño e incluso acceso a internet para una educación telemática, lo que se denomina brecha digital. Hay niños y niñas que comen a diario, también en verano, gracias a que se les proporcionan alimentos en el colegio. Muchos no tienen ni idea de lo que significa actividad extraescolar, campamento o cuidador. En la salud, el mapa de la pandemia ha revelado graves consecuencias psicológicas y emocionales. El desempleo de los familiares afecta a los niños y niñas. En los hogares se han elevado los niveles de violencia durante el confinamiento hacia las mujeres y hacia la infancia. Hay niños que conviven hacinados en viviendas, o habitaciones de dimensiones diminutas, y los hay que, cuando salen a jugar a la calle, lo hacen en entornos degradados. La desigualdad de oportunidades está tan enquistada que ni la vemos, ni queremos oírla. Como los mocosos no hablan…

Las administraciones están obligadas a escuchar lo que dicen. ¿Saben que estos niños encuentran mejores herramientas que los adultos para solucionar ellos mismos muchos de los problemas que les afectan, como el acoso escolar, el acceso a los juegos de azar, o su seguridad ante la pandemia? He escuchado estas soluciones de mi Consejo de Participación de Menores, denominado e-foro, un niño por provincia, siempre atentos a lo que sucede en el mundo.

Con fecha 30 de agosto, ha entrado en vigor una Ley de Infancia y Adolescencia, que actualiza y refuerza este sistema de protección. De la mano, amplía las funciones de este comisionado, que pasa a denominarse, Defensoría de la Infancia y Adolescencia en Andalucía. Un cambio en la denominación que garantiza un lenguaje inclusivo en cuanto a la persona, hombre o mujer, que ostente esta representación, y más acorde con la identidad real de los defendidos, que no son menores que ningún otro sujeto, salvo en la edad.

Esta ley amplía el ámbito de supervisión de esta Institución no solo a las entidades públicas, sino que incorpora a las entidades privadas que presten servicios a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma. Del mismo modo, continuaremos la tramitación de denuncias sobre posibles situaciones de riesgo de los derechos de las personas menores de edad; promoveremos el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia, y propondremos fórmulas de mediación, conciliación o acuerdos que faciliten la solución de conflictos de trascendencia social que les afecten.

Unos cambios que profundizan en la necesaria atención a la infancia y adolescencia, un clamor que al fin ha sido oído por los representantes públicos. Porque los niños, las niñas y los jóvenes merecen que se garanticen sus derechos, y ser escuchados. Cuentan con una Defensoría que continuará siendo su mejor aliado y su altavoz.