Familias, pobreza y malabares

Sin necesidad de esperar a la desgastada cuesta de enero, al inevitable gasto de una reforma que no puede esperar más, a la compra de algún electrodoméstico que dijo hasta aquí llegué, o a cualquier otro ajuste puntual del cinturón en el sentido financiero, el uso constante de la calculadora, ya sea real o de cabeza, es un ritual cada vez más extendido. Sobre todo en los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes. Para tomar mayor conciencia de este hecho, esta mirada a nuestro propio entorno o, si acaso, un poco más allá, podemos reforzarla con una perspectiva más amplia, la que nos facilita la estadística oficial.

En este sentido, llegar a fin de mes sin dificultades es una utopía para más de 600.000 familias andaluzas con hijos menores de 18 años, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Una vez iniciado el curso escolar, avanzando ya en su primer trimestre, el ejercicio de habilidad para hacer frente a los gastos diversos, previstos o no, se aprecia con mayor nitidez, obviamente, en los hogares con menos recursos. Andalucía, que ocupa históricamente puestos de medalla en el triste ranking de la pobreza en todas sus formas e indicadores, con una de las tasas más altas a nivel nacional y europeo, sabe bien lo que esto significa. Los mejores ejemplos de malabarismo financiero los encontramos en las zonas más empobrecidas de las grandes ciudades. Automáticamente se nos vienen a la mente los nombres de muchos barrios, tristemente conocidos por indicadores socioeconómicos y ambientales no precisamente positivos. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, estos barrios que lideran desde hace tiempo el top ten de los más pobres de España y Europa, son también los barrios en los que viven cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, herederos y habitantes de un entorno desfavorable que hace mella en sus oportunidades de presente y en sus expectativas de futuro.

En nuestro objetivo de promover el bienestar y los derechos de la infancia, en Educo venimos trabajando desde hace más de una década en torno al derecho a una alimentación adecuada. A través de nuestro programa de becas comedor, campañas y de una labor continuada de incidencia política, insistimos en la necesidad de garantizar el acceso al comedor escolar, priorizando a aquellos niños y niñas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social, tal y como destacamos en nuestro último informe Vuelta al cole, ¿vuelta al comedor?. Entre otros datos, se destaca el esfuerzo que supone para muchas familias garantizar una buena alimentación de sus hijos. En Andalucía, para las familias con al menos dos hijos menores de 14 años que viven bordeando el umbral de pobreza, el coste del comedor puede suponer entre un 11 % y un 18% de sus ingresos mensuales. Muchas de estas familias, bien sea por no reunir una serie de requisitos socioeconómicos, o bien por estar el sistema de becas supeditado a un presupuesto limitado, no acceden a ninguna ayuda. Si bien es justo destacar que en los últimos años estas becas y ayudas han ido aumentando hasta llegar al 18% del alumnado de educación infantil y obligatoria, también hay que señalar que sigue siendo una cifra insuficiente si la comparamos con la tasa de pobreza y exclusión social que sufre Andalucía, que llega hasta el 47,5% de los menores de 18 años, según el INE. En relación a cómo hacer frente a esta vergonzosa cifra, son diversos y contundentes los motivos que nos empujan a incidir en la necesidad de garantizar este derecho a la alimentación adecuada a través del comedor escolar. En primer lugar, desde una perspectiva de derechos, partimos de la base de que la alimentación, y más concretamente el espacio del comedor escolar, más allá de ser un derecho básico, es fundamental para el desarrollo y el bienestar de niños y niñas. Nos referimos a un bienestar que va más allá de lo material y abarca otros ámbitos, como el relacional, emocional, social y cognitivo. Por otra parte, el comedor escolar, además de promover la conciliación familiar y laboral, también está estrechamente asociado a otros derechos, como el de la protección frente a cualquier tipo de violencia y el de la educación, partiendo de la base de que no deben disociarse proyecto educativo y comedor escolar. Son solo algunas de las razones que empujan a seguir apostando por el comedor escolar como una de las herramientas más eficaces para reducir la pobreza y para conseguir mejores oportunidades de presente y expectativas de futuro para niños y niñas.