Inquilinos, los últimos parias

El llamado problema de la vivienda en España, más conocido por quienes lo sufrimos de primera mano como el fraude de la vivienda, cuando no como el atraco o el crimen, y casi siempre como el despotismo de la vivienda, ha tomado ya en los últimos años el cariz medieval del feudalismo con derecho de pernada. Por alguna razón, desde que yo tengo uso de ella, los diferentes gobiernos del país se han preocupado poco o nada de esta cuestión y, en todo caso, han ido agravando la situación con una torpeza y un (des)interés diabólicos, mirando siempre lo macro, los datos económicos abstractos, la economía del pelotazo, y olvidándose de las personas y del bien común.

La obsesión colectiva por la posesión de vivienda en propiedad, auspiciada por leyes y beneficios fiscales, ha dejado siempre el mercado del alquiler como un asunto secundario, propio de gente joven sin demasiados recursos y pringados en general. Sin embargo, cuando estalló aquella purulenta burbuja inmobiliaria de principios de siglo, los inquilinos, que nada habíamos pinchado ni cortado en tal inflamación, pringamos y pagamos como el resto. El problema, por supuesto, viene de lejos, pero la proliferación de agencias inmobiliarias y de los llamados fondos de inversión, sumada a la absoluta falta de control político en un asunto de capital importancia para la vida de las personas, lo ha agudizado salvajemente en los últimos años, hasta un punto ya tan irracional como inmoral. En la ciudad de Madrid, el precio medio de alquiler de una vivienda (calculado el pasado diciembre) es de 20,7 euros el metro cuadrado, lo que supone que un piso, pongamos de 100 metros cuadrados, cueste la alucinante cifra de 2.070 euros al mes. Lo que, convendrán conmigo, nos permite incluir el alquiler residencial en el muy pujante sector del lujo. Eso sí, un lujo muchas veces cutre y sórdido, puesto que nadie ejerce, ni ha ejercido nunca, el menor control sobre el estado en que se ofrecen las viviendas. Si usted echa un vistazo en las webs de las inmobiliarias, y no le digo nada si se digna a visitar alguno de esos pisos de dos mil euros que se anuncian como “fantástico piso” o “extraordinaria vivienda”, le parecerá que esas estafas de internet en las que alguien que se hace pasar por Brad Pitt te pide dinero para tapar agujerillos resultan de lo más sofisticadas al lado de esta. Pero imagínese usted que encuentra un piso a su medida o que decide hacer de tripas corazón y alquilar lo único que puede pagar, a pesar de sus deplorables condiciones, poniendo a toda su familia en economía de guerra. En ese momento comienza un nuevo suplicio, porque propietarios e inmobiliarias le pedirán a usted que se desnude integralmente para ellos: contratos de trabajo, nóminas, declaraciones de la renta, seguros de impago… En cambio, ellos siempre serán un misterio para usted, hasta que la vivienda dé algún problema y enseñen su pata y su pelaje por debajo de la puerta.

Los verdaderos okupas de la vivienda no son, como nos quieren hacer creer ciertos políticos y medios de comunicación, esos escasos grupos de jóvenes antisistema que lo mismo se beben unas litronas que montan un centro cultural. Los verdaderos okupas de nuestras ciudades son los fondos de inversión y los llamados grandes tenedores, multimillonarios que invierten sus pornográficas sumas de dinero en comprar pisos, edificios, bloques, barrios enteros, previo forzoso desalojo de los vecinos. Okupas del espacio público, de la vida comunitaria, okupas totalitarios y violentos que ejercen la fuerza no por las armas, claro, sino por el dinero, la auténtica arma de destrucción masiva de nuestra sociedad. Un arma que todo el mundo respeta con una sumisión bobalicona y nauseabunda. Pero aquí no se libra nadie, agencias inmobiliarias que quieren sacar tajada y pequeños propietarios que pretenden ganar un sueldo de ministro con el alquiler del piso que heredaron de su abuela.

La situación está llegando a un punto imposible y estallará como lo hizo aquella burbuja ante la inacción sangrante de nuestros políticos. No creo que la solución pueda venir exclusivamente de la gestión de un gobierno bienintencionado, ni de ayudas o subvenciones, sino de un pacto de estado que ponga el derecho a la vivienda por delante de cualquier interés privado, porque la vivienda, igual que la sanidad y la educación públicas, es un derecho, no un negocio.

El próximo sábado, 5 de abril, está convocada una manifestación estatal para reclamarlo. Es urgente.