¿Prima la política sobre el Derecho?

En mis lejanos tiempos de vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla, un ilustre profesor de Derecho me comentó que todo jurista que se tomase demasiado en serio los códigos aun no se había enterado del verdadero funcionamiento de la sociedad y de la justicia. En realidad, según su tesis, contaban mucho más las relaciones económicas entre los diferentes ciudadanos y, en última instancia, quién ostentaba el poder político. Años después escuché decir a Gregorio Peces Barba, catedrático de Filosofía del Derecho, que la Constitución significaría lo que la mayoría política de cada momento quisiera que significase. Y debía de saber de qué hablaba, puesto que fue uno de los redactores de la Constitución. Ambas sentencias, desmoralizadoras para mi sensibilidad, me recordaron aquel personaje de los cuentos de Alicia que, discutiendo sobre el significado de las palabras, terminó afirmando que lo único importante era quién mandaba. Así que ni Filología, ni Derecho; lo que cuenta, según dicen, es el poder político.

Nunca me creí tales ideas, pero empiezo a sospechar que llevan bastante más verdad de lo que a mí me habría gustado. Vistas las actuaciones del gobierno español, del fiscal general y del Tribunal Constitucional, empiezo a temerme que, en efecto, los jueces están sometidos a los políticos. Leo los argumentos que dan los defensores del gobierno y de las decisiones del Tribunal Constitucional y me parecen sumamente refinadas. Saben mucho más que yo de estas cuestiones. Sin embargo, los resultados de sus silogismos chocan frontalmente con lo que mi sentido común me indica. Salvando las abismales distancias, me encuentro en una situación similar a la de los genios que idearon la Mecánica Cuántica y notaron, perplejos, que sus conclusiones les resultaban tan increíbles como coherentes los razonamientos y concordantes con los resultados de los experimentos.

Me dicen que el parlamento puede, con la mayoría suficiente, hacer una ley de amnistía de obligado cumplimiento. Y, sostienen los ministros, que esa ley es impecable, aunque la han redactado los mismos amnistiados. Sin embargo, mi sentido común me dice que no puede ser impecable borrar unos delitos a cambio de los votos de los amnistiados para seguir ostentando el gobierno. Y todavía menos si los mismos que la han aprobado llevaban años diciendo que la amnistía era inconstitucional.

Me dicen que está bien no anular los votos telemáticos de unos diputados regionales prófugos porque no cambiaría el sentido de lo votado, aunque ese mismo órgano había anulado poco antes unos votos similares. Sin embargo, mi sentido común me dice que acaso habría sido más coherente anular los votos, sin anular la decisión. En última instancia, si en Derecho eso no fuese posible, obligando a repetir la votación.

Me dicen que está bien que un fiscal publique algunos argumentos de un investigado y de su abogado defensor porque, de otro modo, habría perdido el relato. Y mi sentido común me dice que la información que manejen los abogados es confidencial y solo deberían conocerla las partes porque, en caso contrario, se produciría una flagrante indefensión. Pero, al parecer, no es así. Es mucho más importante ganar el relato que atenerse a las normas y que respetar el derecho a defenderse ante los tribunales.

Me dicen que está bien que el Tribunal Constitucional corrija las sentencias sobre el llamado caso de los Eres porque un gobierno no puede delinquir al elaborar la ley de presupuestos, pero mi sentido común me dice que ya es raro que todo un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y todo un Tribunal Supremo se hayan equivocado en ese punto. En cualquier caso, choca con mi sentido común que repartir entre empresas amigas e intrusos decenas de millones de euros no sea delito. Y, si lo fuese, entonces no entiendo cómo es legal que, a pesar de las advertencias del interventor, unos consejeros puedan, año tras año, incluir las partidas pertinentes en los presupuestos y eliminar los controles a su reparto.

Si la recta aplicación de Derecho puede conducir a la total impunidad de los que cometieron la sedición en 2107, de los que votan irregularmente, de las autoridades que publican datos confidenciales y de las que repartieron arbitrariamente fondos públicos durante varios años, entonces es que hay algo podrido en ese Derecho. Como dice Felipe González, abogado y eminente político, “infecto”. O quizás simplemente es que somos unos ingenuos indocumentados los que le otorgamos mucha importancia a los códigos y a los jueces. Quizás es que, efectivamente, la política prima sobre el Derecho, pero, en ese caso, ¡vaya políticos que hemos elegido!