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Bajar impuestos como principal promesa de campaña, ¡qué novedad! En esto Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido fiel a su flamante jefe de partido, el señor Alberto Núñez Feijóo. Es la sempiterna promesa del Partido Popular (con ella en la boca llegó Mariano Rajoy a La Moncloa; al poco, la incumplió), su arma secreta para conducir al país hacia las anchas avenidas de la prosperidad. Más dinero en los bolsillos del ciudadano equivale a más libertad.
El Gobierno se está inflando de ganar dinero merced a estos impuestos que nos cobra en esta coyuntura de inflación desbocada, asegura Moreno Bonilla (copia aquí también a su líder de partido). Tendría que aclararnos por qué está mal que el Gobierno recaude mucho -si es que es así-, pero no lo está que los beneficios de las grandes empresas y de las rentas del capital no paren de crecer desde hace décadas, aumentando paulatinamente la brecha de desigualdad.
"Dejen de mimar a los súper-ricos" fue el artículo que publicó el magnate Warren Buffet en The New York Times en 2011. En él aseguraba que pagaba menos impuestos que su secretaria, dado que las rentas del capital habían pasado de una fiscalidad del 40% en 1976 al 21,5% en 2011. Suya es también la frase que sintetiza en clave marxista -se podría decir- el devenir de las últimas cuatro décadas: "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando". A esta confesión podríamos replicar con ese venerable axioma jurídico que reza: "a confesión de parte, relevo de pruebas", que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. Pero pruebas, haberlas, haylas.
Se ufana el señor Moreno Bonilla de haber suprimido prácticamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad autónoma que él gobierna. Por ser un impuesto injusto. Para el economista Branko Milanovic, sin embargo, es uno de los necesarios instrumentos para combatir la transmisión intergeneracional de la desigualdad (léase su libro Capitalismo, nada más). La sensibilidad del renovado presidente de la Junta de Andalucía con respecto a la injusticia diríase un tanto selectiva, si tenemos en cuenta que apenas aparece el problema de la desigualdad en su discurso cuando, según se desprende del IV Informe del Observatorio de la Desigualdad en Andalucía de 2021, la desigualdad social es un problema creciente en Andalucía, más que en el conjunto de España.
Los datos empíricos que el economista francés Thomas Piketty recoge en su reciente libro Una breve historia de la igualdad nos indican de manera irrefutable que la distribución de la riqueza redujo su estado general de injusticia particularmente en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1914 y 1980, la época de la «gran redistribución». Uno de los factores que la hizo posible fue la paulatina implantación de la fiscalidad progresiva, recogida en la Constitución Española a la que el Partido Popular sacraliza, aunque de manera selectiva y a conveniencia. Según certifica Piketty el examen minucioso del registro de herencias francesas a escala individual demuestra la importancia decisiva que tuvieron los impuestos progresivos sobre la renta y las herencias en el dicho proceso.
Es evidente que esa fase de gran redistribución, que coincide históricamente con el desarrollo del modelo del Estado social y fiscal, llega a su fin conforme se alcanza el final de la década de 1970. Los vientos predominantes en la atmósfera ideológica de los países líderes cambian coincidiendo con la gestación del proceso de la globalización, que va de la mano de una financiarización de la economía y de una desregulación imparable que debilita a los gobiernos frente a los mercados, lo que pone a los Estados en situación de dependencia respecto del capital privado (dramáticamente decisivo el papel de la deuda en esto). Todo en detrimento de la fortaleza de la democracia. La progresividad fiscal se bate en retirada desde hace cuarenta años; pero, eso sí, el crecimiento económico sigue y sigue.
Este fatal patrón del capitalismo del libre mercado global también se cumple en Andalucía: como ya se ha apuntado crece en ella la desigualdad más que en el conjunto de España cuando su PIB creció el año pasado un 6,1 por ciento, por encima de la media nacional. Como concluye Piketty en su referido libro: "La idea de que basta con esperar que el crecimiento distribuya la riqueza no tiene mucho sentido: si fuera así ya habríamos visto los efectos hace tiempo".
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