Más de 40 familias de Torremolinos afectadas por el desahucio de un bloque de pisos en alquiler

Los vecinos piden parar el lanzamiento y destinar las viviendas a arrendamiento social

El Ayuntamiento media con la Sareb para buscar una solución al conflicto

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Vecinos afectados por el desahucio del edificio.
Vecinos afectados por el desahucio del edificio. / M. H.

Más de 40 familias de un bloque de pisos en alquiler de Torremolinos localizado entre las calles Río yeguas y Rodrigo de Torremolinos están al borde del desahucio tras una sentencia dictada por el Juzgado de 1 Instancia número 2 de la ciudad, al considerar que no tienen título habilitante para habitar las viviendas.

Los afectados solicitan buscar una solución para frenar el lanzamiento de las viviendas, y destinarlas al alquiler social o respetar los contratos; mientras el Ayuntamiento está ejerciendo de mediador con la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), dependiente del Gobierno de España, al ser el propietario actual de los inmuebles.

El fallo judicial, emitido en enero de 2024 y al que ha tenido acceso Málaga Hoy, deriva de un “procedimiento de ejecución hipotecaria” iniciado en 2018 por la Sareb, al objeto de “recuperar el dinero de un préstamo” impagado y concedido por una entidad bancaria en 2005 a la promotora propietaria para construir el edificio, según ha explicado el abogado de una de las personas afectadas, Miguel Ángel Peinado.

El origen del problema deriva, además del impago de la hipoteca, de los sucesivos contratos firmados por la promotora con varias empresas para subarrendar las viviendas, al considerar el juez que los mismos se celebraron “con el propósito de dificultar el normal desarrollo del procedimiento de ejecución”, destacando además que atravesaba “notables dificultades económicas”. A su vez, estas mercantiles han celebrado distintos alquileres con los inquilinos de los inmuebles que conforman el edificio desde 2013, según la senencia.

El fallo judicial apunta a que la suerte de estos últimos queda unida al examen de los “contratos privados de arrendamiento” celebrados entre la propietaria y “las mercantiles que de forma sucesiva tomaron posesión como arrendatarias, con fines de explotación del inmueble hipotecado”.

Así, el magistrado ha dictado “proceder al lanzamiento de los inmuebles”, en base a que como “no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias, los contratos de subarriendo suscrito por éstas no pueden ser esgrimidos como título que legitime la posesión por el resto de ocupantes”, es decir, de los inquilinos.

El abogado ha destacado que tras la sentencia, emitida en enero de 2024, los inquilinos “se convierten en ocupas, cuando están pagando su alquiler, su agua, su luz y su cuota de comunidad”, al no considerarse los contratos “válidos”, en un procedimiento sobre “40 viviendas, más garajes y trasteros”.

Subasta de las viviendas

Según ha indicado, el procedimiento de ejecución hipotecaria continuó adelante y en junio del pasado año se celebró una subasta, en la que “36 viviendas se las ha quedado Sareb, porque nadie ha pujado por 29 o para 7 de ellas es la que más ha dado”. En este sentido, ha destacado que en abril esta “va a ceder a un tercero ese paquete de viviendas” para su venta.

Por ello, los afectados piden que “Sareb no ceda las viviendas, cederlas al Ayuntamiento para que gestione alquileres sociales o si las cede a un tercero, que respete los contratos de arrendamiento que había a personas de buena fe y pagando su renta".

Los vecinos piden parar el desahucio

La portavoz de los afectados, Jimena Centurián, ha asegurado que los vecinos “nunca recibimos la sentencia y seguimos pagando”. “Tenemos nuestra vida hecha aquí desde hace años, hemos pagado el alquiler, la comunidad y nos vemos en la calle por un problema legal que es ajeno a nosotros, que hemos cumplido con nuestro pago”, ha lamentado.

“Vamos a ser desahuciados todos en una época en la que los alquileres están por las nubes, estando en 800 o 900 euros los estudios en Torremolinos, y comprar es imposible”, ha esgrimido la afectada, quien ha relatado que “hay menores, bebés, 2 vecinos en tratamiento hospitalario y personas vulnerables”.

Como soluciones, plantea buscar “otra alternativa habitacional a los pisos subastados porque ya tienen nuevos propietarios, y el resto de viviendas tratar de negociar con Sareb para alquiler social o que respeten los contratos”, para lo que está mediando el Ayuntamiento.

Centurián ha asegurado que “lo que interesa es evitar los desahucios”, por lo que entre las acciones de los vecinos se encuentra dar a conocer el caso, han solicitado ayuda al Ayuntamiento, han iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org y el 3 de abril celebrarán una concentración, a las 10:00 horas, en las puertas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento hace de mediador con la Sareb

Por su parte, el Ayuntamiento está mediando con la Sareb, al ser "el actual propietario de las viviendas", según ha anunciado la alcaldesa, Margarita del Cid, que mantuvo una reuniñon con los vecinos el pasado viernes para comentar el trabajo que está haciendo el equipo de gobierno.

“Estamos hablando de muchs familias de Torremolinos afectadas por una profunda injusticia”, ha recalcado la primera edil, quien ha destacado que, tanto desde la Delegación de Servicios sociales como la Alcaldía, “se comprendió que la solución estaba por contactar con la Sareb”.

De este modo, la idea del Consistorio es “evitar que los contratos de alquiler que se habían declarado nulos así siguieran y que se les permitiese a los inquilinos seguir en esas viviendas como si esos fueran perfectamente válidos”, algo que en palabras de Del Cid “es posible hacerlo porque la Sareb depende del Gobierno de España”.

“No es la única solución en la que estamos trabajando, hay que dar respuesta a los vecinos siempre y hay que dar la cara siempre, sobre todo porque hay vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aunque no todos”, ha apuntillado la alcaldesa.

Así, el Ayuntamiento ha evaluado aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como argumento jurídico de cara a su protección; así como ha contactado con la Sareb para intentar mediar y mantendrá mañana una reunión, según ha informado.

Moción institucional

Por otro lado, ha explicado que el equipo de gobierno ha intentado “impulsar una declaración institucional” en el Pleno de marzo, al entender que “los vecinos tienen que ver que sus representantes políticos están unidos porque es un problema muy importante”, aunque ha lamentado que “ha sido imposible ha sido imposible para vergüenza de todos nosotros”. El documento finalmente no se ha presentado al decir “PSOE, VOX e IU que necesitaban más tiempo" para dar su apoyo a la propuesta, según ha detallado el Consistorio.

Según ha lamentado la Administración local, en el caso de VOX “sin previo aviso se desmarca anunciando que va a presentar una moción”, mientras que por parte del PSOE “se muestra reacio a apoyar el acuerdo institucional, que pide al Gobierno central al ser partícipe en un 51% de la Sareb y al resto de administraciones, su implicación para solucionar el asunto”. Por su parte, IU "sigue sin pronunciarse", han indicado.

Del Cid h avanzado que se está estudiando “la posibilidad de convocar un Pleno extraordinario lo antes posible para abordar este asunto, que aunque podría salir adelante evidentemente con los votos del Partido Popular, yo entiendo que todos debemos estar a la altura de las circunstancias”.

“No tengo que pedir autorización a mi partido ni a nivel provincial ni regional para defender los intereses de los vecinos de Torremolinos”, ha señalado la alcaldesa, quien ha aseverado que no puede permitir que “esto se convierta en un rifirrafe político”.

Por ello, ha hecho un llamamiento “a todas las fuerzas políticas de este Ayuntamiento, y que tienen representación en este Ayuntamiento, a la reflexión y actuar de forma coordinada, unida y en defensa de los intereses de nuestros vecinos”.

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