Álora, contra el olvido

Málaga/Como cada mañana, Antonia Álvarez Rueda fue a llevar la comida a su marido que estaba preso en la cárcel de la Plaza Baja. Pero aquel día le dijeron que ya no hacía falta. Así que se armó de valor y subió al cementerio; en todo lo alto del pueblo, en el castillo. Allí vio muchos cuerpos hacinados en una fosa común. Eran 60 y aunque removió cadáveres, no encontró el de su esposo, Juan Vera Muñoz. "Roja, vete de aquí si no quieres que te metamos ahí a ti también", cuentan sus familiares que le dijeron. Ochenta años después, un equipo de ocho especialistas intenta recuperar los restos de los fusilados en Álora. La exhumación de la primera fosa comenzó a principios de mayo a cargo de tres arqueólogos, dos antropólogos y tres historiadores. Por la documentación, los testimonios recabados y las catas realizadas, se estima que existen tres zonas de enterramientos clandestinos en el antiguo cementerio en las que hay más de 140 fusilados.

Juan Lepe Vera, impulsor de la Memoria Histórica en Álora y nieto de Juan Vera Muñoz, lucha por mucho más que por recuperar los restos de su abuelo. Pelea contra el olvido. Aquel 5 de abril de 1937 no sólo fusilaron a su abuelo, sino a otros cinco familiares más. "Ya lo he superado, pero no perdono; no tenían razón. Fueron unos golpistas porque aquí había un gobierno legítimo", argumenta. Su venganza es la memoria; la de su historia personal y la de todo el pueblo.

Aquella madrugada, las fuerzas franquistas mataron a su abuelo y a otras 59 personas. Por eso aquel episodio se recuerda en Álora como la noche de los 60. Al alba, 60 personas subieron en fila la empinada cuesta hacia el castillo -donde entonces funcionaba el cementerio- sabiendo que eran sus últimos minutos de vida. Los documentos recopilados por la Asociación de Memoria Histórica recogen dos disposiciones del 4 de abril de 1937 en las que el Juzgado Militar ordena al Depósito Municipal que entregue al Ejército Nacional a los detenidos "los cuales han de ser ejecutados a las primeras horas del día de mañana". Un escrito suma 40 personas. El otro, 20. La orden, firmada por el capitán juez militar, concluye con un "Dios guarde a usted muchos años", una despedida epistolar que se repite en todos los documentos.

Los especialistas ya han recuperado siete cuerpos. Los proyectiles y los indicios forenses certifican que tuvieron una muerte violenta. Andrés Fernández, arqueólogo y antropólogo, es el coordinador de la exhumación. "Las fosas son las pruebas tangibles de los asesinatos", sostiene. Y añade: "La nuestra es una labor gratificante porque a los familiares le das una respuesta". Pero evita generar falsas expectativas en las familias al afirmar que la identificación de los cuerpos será muy difícil. Por varias razones. Por un lado, porque al haber transcurrido 80 años, la información genética de los cadáveres se ha deteriorado. Por otro porque con el paso del tiempo han fallecido los familiares directos con los que habría mayor proporción de coincidencia en el ADN. Por último, porque al ser fosas comunes numerosas y antiguas, hay información genética de los cuerpos que se confunde.

Alba Picazo, licenciada en Historia, es una de los tres voluntarios que trabajan en la fosa. Se siente orgullosa del trabajo que está haciendo. "Esto forma parte del pasado de nuestro país. La tristeza es el silencio que ha habido todos estos años. Es una excavación contra el silencio. Aquí hubo un intento de exterminio total de una ideología. Estamos haciendo algo precioso, que es darle voz a aquellos a los que se la quitaron. Somos las futuras generaciones de arqueólogos formados en las fosas del franquismo", argumenta mientras mueve con mimo la tierra en busca de restos óseos. Los otros dos voluntarios son Rafael Cordón y Carlos Liñán, graduados en Historia. Este último admite que su bisabuelo fue subteniente de la Guardia Civil y "mató a mucha gente", pero aclara que no se siente culpable. Tiene 22 años y afirma que trabaja de forma altruista en la fosa para "aprender y ayudar".

Los arqueólogos y antropólogos responsables de la exhumación tienen una larga experiencia. Han excavado fosas por media Andalucía y, algunos, han participado en la recuperación de 2.840 cuerpos del cementerio de San Rafael. "Estamos acostumbrados a enterrar a nuestros muertos y hay personas que encuentran alivio cuando logran identificar a sus familiares. Muchos simplemente piden un lugar para la memoria, sin ánimo de revancha", explica el arqueólogo Juan Fuentes mientras estudia la posición de dos cráneos que acaban de sacar a la luz. Su compañero Cristóbal Alcántara, que ha participado durante una década en excavaciones de fosas en Málaga, Huelva, Sevilla y Granada, documenta cada hallazgo con la cámara de fotos. "La memoria y la dignidad no se perdieron nunca, pero llegamos tarde", reflexiona.

La Junta de Andalucía, en colaboración con ayuntamientos de la provincia, ha exhumado en Málaga ya más de 3.000 cuerpos de represaliados del franquismo. En el cementerio de San Rafael, en la capital; en Villanueva del Rosario, en Teba... En último mes, ha empezado los trabajos en Colmenar y Álora. Luego vendrán la fosa de Villanueva de la Concepción, otra de Colmenar y la de Cártama. La exhumación de Álora es promovida por la Dirección General de la Memoria, a solicitud de los familiares de las víctimas; con la colaboración de la Asociación de Memoria Histórica y del Ayuntamiento de la localidad. También participa la Universidad de Granada, con las pruebas de ADN en las que están implicados José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez. La Junta ya ha firmado con la entidad académica un convenio para crear un banco de ADN de las víctimas del franquismo de Andalucía y prepara una actualización del mapa de fosas en la comunidad autónoma.

El coordinador de Exhumaciones de la Junta, Miguel Ángel Melero, explica que los trabajos que han comenzado en Álora tienen una primera fase de localización y delimitación, llevada a cabo en 2014. A principios de mayo pasado se inició la segunda, la exhumación. También informa que los kits para las pruebas de ADN ya están a disposición del Ayuntamiento aloreño. Por último, explica que la ley autonómica eleva a los familiares a la categoría de víctimas. "Porque los hijos y los nietos de las víctimas también son víctimas de la represión franquista", reflexiona.

El sol aprieta, pero el equipo de Álora trabaja afanosamente, consciente de que no sólo recupera cuerpos, sino memoria e Historia. La de un pueblo, pero que se repite en muchos otros pueblos. En el castillo -que ya no funciona como cementerio- hay una placa que recuerda que esta construcción árabe es un bien de interés cultural. En cambio, no hay ninguna que indique que allí hay más de 140 fusilados. A un lado de la fosa, en un árbol, alguien ha puesto un cartel con flores atadas con los colores republicanos: "5 de abril del 37. Ochenta años esperándoos. ¡No os hemos olvidado. Estáis en nuestros corazones".