El caso Astapa se retrasará seis meses por el traslado de la juez

El caso Astapa por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, en el que hay 63 imputados (incluido el ex alcalde Antonio Barrientos), se topa con un escollo que han tenido que salvar otros casos como Malaya o Troya: la petición de traslado del juez que dirige la investigación. La instructora, Isabel Conejo, se traslada el próximo 30 de diciembre del juzgado número 1 al número 5 de Estepona, de nueva creación, y eso puede demorar la instrucción durante los próximos seis meses.

Conejo solicitó el cambio de destino y, a la vez, una comisión de servicio para continuar en el juzgado número 1 y poder cerrar la instrucción del caso Astapa. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le ha denegado a la juez su segunda petición, según explicó ayer en la Ser el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Arroyo, que se quejó de esta negativa del órgano de gobierno de los jueces. Explicó que la decisión obedece a que el traslado de juzgado se produce dentro de la misma localidad.

El procedimiento contra la corrupción en Estepona queda, por tanto, en manos de la juez de apoyo que hay ahora mismo en el juzgado número 1, que ya está "desbordada" con los casos que debe atender a diario, dijo Arroyo. Es decir, la situación empeorará cuando se tenga que hacer cargo también de Astapa y el atasco será mayor. El presidente de la Audiencia apuntó que la plaza de Conejo no se cubrirá hasta el próximo mes de junio y que ha puesto todos estos detalles en conocimiento del CGPJ.

El juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya, sí permaneció varios meses en el juzgado de instrucción número 5 de Marbella en comisión de servicio mientras adelantaba la investigación del mayor caso contra la corrupción municipal de España. Había pedido su traslado a un juzgado de lo Penal de Granada que no se materializó hasta que el magistrado dictó el auto de procesamiento, que afecta a 86 personas. El sumario está ahora en manos del juez Óscar Pérez.

El caso Troya, que afecta al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha sufrido un proceso similar, incluso peor. Este procedimiento ha cambiado de instructor por lo menos en cuatro ocasiones por los continuos traslados producidos en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Coín, encargado de las diligencias por presunto cohecho y prevaricación.

El juzgado número 1 de Estepona, el que ocupa ahora mismo la juez Isabel Conejo, soporta una importante carga de trabajo y cuenta con un plan de refuerzo. Por ejemplo, ingresa más de un millar de casos civiles al año. En abril, también tenía acumulados 650 procesos civiles en ejecución, según destaca el último informe elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el ámbito penal, la situación está más controlada y tiene menos de 300 asuntos en trámite. Los juzgados de Estepona tienen un problema de interinidad y sólo nueve de sus 30 funcionarios son titulares.