El ex alcalde de Coín, imputado por el proyecto de los Llanos de Matagallar

El proyecto urbanístico planificado en la zona de los Llanos de la Sierra o también conocido como Llanos de Matagallar sigue levantando polémica en el municipio de Coín. El ex alcalde de la localidad, Juan José Rodríguez Osorio, perteneciente en el momento en el que ejercía el cargo de regidor municipal al Partido Andalucista y ahora en la oposición de la Corporación municipal, declaró el pasado día 7 de mayo como imputado por un presunto delito contra el medio ambiente y por usurpación de suelo público en el juzgado de instrucción número 2 de Coín.

La denuncia por la que Osorio ha tenido que comparecer ante el juez fue presentada por dos vecinos de la localidad y según indicó su letrada, María Teresa Tomás, los hechos que se le imputan se remontan al año 1996, concretamente, a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento con los promotores del proyecto urbanístico, la empresa Pompano Woods. "Es en el año 2000 cuando los particulares a los que represento tienen conocimiento de que una parte de los terrenos que Pompano se atribuye como propios pertenecen a suelo público", señaló Tomás. Concretamente, se trata de un área de 289.000 metros cuadrados de superficie que es monte público y terreno forestal.

La denuncia fue interpuesta en el año 2003 por estos vecinos al comprobar, según explicó su abogada, que una vez iniciado el expediente urbanístico aparecía estos terrenos como la cesión que por ley tenía que realizar la promotora al Consistorio en concepto de equipamientos y zonas verdes. "De este modo aprovechan todo su terreno para construir y la cesión que iban a realizar es de un espacio que ya era del pueblo de Coín", informó Tomás.

Por su parte, Juan José Rodríguez Osorio, explicó a este periódico que su declaración ante el juez ha sido breve alegando que "toda la documentación está registrada en el Ayuntamiento y el proyecto está avalado por la Junta de Andalucía", indicó.

El proyecto urbanístico que contemplaba la construcción en un primer momento de dos campos de golf y mil viviendas suscitó las protestas de los vecinos y del resto de partidos políticos al emplazarse encima del principal acuífero que suministra al municipio.

Los primeros trabajos de construcción de este complejo residencial y deportivo fueron paralizados a través de un decreto por el actual alcalde, el socialista Gabriel Clavijo, durante la anterior legislatura, por la que está imputado por prevaricación administrativa al admitirse a trámite una querella presentada por los actuales titulares de los terrenos (Inmobiliaria Frai y Caja Rural de Granada).