Condenan a 14 ex concejales por la construcción del hotel Guadalpín
Entre ellos se encuentran Julián Muñoz, Marisol Yagüe e Isabel García Marcos
Nueva condena para 14 ex concejales del Ayuntamiento de Marbella. En esta ocasión han sido las obras de construcción del hotel Guadalpín Banús, en 2002, las que han dado un nuevo revés a los que fueran representantes públicos en la ciudad. A los ex ediles se les imponen penas que alcanzan los 15 meses de prisión y los 3.000 euros de multa en función de su responsabilidad en los hechos enjuiciados.
Se trata de una condena de conformidad que se incluye en el pacto cerrado con la Fiscalía para aglutinar el reguero de juicios abiertos a raíz de la concesión de licencias urbanísticas irregulares. Entre los condenados se encuentran los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como la que fuera primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos.
La decisión judicial se produce tras constatarse que la construcción de este establecimiento hotelero se permitió a pesar de que faltaba documentación en el expediente, existían hasta seis informes de técnicos municipales en los que se dejaba claro que el proyecto no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente en aquel momento, el de 1986. Tampoco cumplía lo establecido en el planeamiento que Jesús Gil sacó adelante en solitario en 1999.
A pesar de ello, las obras finalizaron en 2005, después de que la promotora del edificio, Aifos, recibiese el visto bueno por parte de varias comisiones de gobierno. En esta causa estaba como acusación particular una comunidad de vecinos, que se retiró. Asimismo, el ministerio público eliminó la acusación por desobediencia que había formulado contra el dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y su mujer, Teresa Maldonado, entre otros motivos porque no estaba claro que hubieran recibido la orden de paralización de las obras y el inmueble ya está legalizado. Por esta causa Yagüe, García Marcos y otros ex concejales son condenados a diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, lo que supone 3.000 euros. Para el que fuera edil, Francisco Javier Lendínez, la pena es de quince meses.