La Costa del Sol suma tres veranos sin Tívoli

Benalmádena/La Costa del Sol sumará su tercer verano sin contar con la oferta cultural y de ocio del parque de atracciones Tivoli World, localizado en Benalmádena, que agoniza entre procesos y sentencias judiciales y acarrea una deuda de 11,2 millones de euros.

La resolución sobre la extinción de los contratos de la plantilla es de los últimos episodios que acontecen en la existencia del parque, así como el desarrollo del concurso de acreedores necesario en el que se encuentra inmersa la antigua propietaria y explotadora, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA), desde agosto de 2020, que trajo consigo la clausura de las instalaciones.

El parque abrió sus puertas en el año 1972 de la mano de un grupo danés que gestionó las instalaciones durante más de tres décadas hasta 2004, cuando vendió el espacio a CIPASA, una sociedad del empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokán. Su detención por el caso de corrupción Malaya obligó al empresario a vender bienes, entre ellos Tívoli al grupo inmobiliario Tremón, según expresó el cordobés en su última comparecencia pública en mayo de 2021, aunque no entregó el parque al considerar que no se le había abonado la cantidad pactada.

Es en este punto cuando comienza el principio del fin de Tívoli, y Tremón inició un conflicto judicial para reclamar la explotación y entrega del parque, un largo proceso judicial iniciado en la Audiencia provincial de Málaga y que terminó en el Tribunal Supremo, que resolvió en octubre de 2021 otorgando la explotación al grupo inmobiliario madrileño, ejercida hasta entonces por CIPASA y generando ésta una deuda de 11,2 millones de euros.

El concurso ha supuesto un antes y un después, solicitado por Tremón como acreedor y dirimido en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, y una de las primeras medidas que adoptó el administrador concursal, el abogado Juan Antonio Sánchez, fue cerrar el parque de atracciones una vez concluida la temporada de verano en septiembre de 2020, una medida que perdura hasta la actualidad. El informe que elaboró por aquel entonces, determinaba que Tívoli era “rentable”, aunque acumulaba una deuda de 11,2 millones de euros, de los que 9,5 corresponden a deuda pública (4,7 millones a la Seguridad Social, 4,7 a la Agencia Tributaria y 387.000 euros al Ayuntamiento de Benalmádena) y el resto estaba generado con bancos o proveedores.

La nueva propiedad no asume a la plantilla

Otro de los escollos del historial del parque ha sido el destino de su plantilla, compuesta por 79 trabajadores entre fijos y fijos-discontinuos, que debería de haber sido asumida por Tremón una vez que el TS otorgó la posesión y la entrega de Tívoli al grupo inmobiliario, en base al contrato de compraventa del espacio lúdico pactado entre éste y CIPASA en 2007, que contemplaba igualmente aspectos como “la asunción del parque sin ningún tipo de deuda y con todos los contratos de seguros en vigor”, entre otros, según explicó el administrador concursal en octubre de 2021.

Finalmente, Tremón nunca ha llegado a asumir a los trabajadores de Tívoli hasta el momento, lo que generó la interposición el pasado año de una denuncia por parte de la representación sindical por un presunto despido tácito, al no pronunciarse la empresa sobre la subrogación o asunción de la plantilla, y que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó, por lo que CCOO recurrió al TS y está pendiente de resolverse. De forma paralela, en junio de 2022 se iniciaron las negociaciones para ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción de los contratos, que terminó sin acuerdo entre las partes; derivado de la petición del cese de la actividad del parque que solicitó el administrador concursal en noviembre de 2021, y que el Juzgado de lo Mercantil resolvió en marzo de este año de manera favorable.

Ello ha generado la interposición de otro recurso por parte de CCOO el pasado mes mayo ante la Sala de lo Social en Málaga del TSJA contra el fallo judicial, que decreta la extinción de los contratos de trabajo; al entender que el Mercantil no es el tribunal competente en resolver el asunto y que los empleados deberían de haber sido asumidos por la nueva empresa propietaria, según explicó la secretaria de Servicios, Lola Villaba.

Durante todo este tiempo, desde que el parque cerrara sus puertas en septiembre de 2020 y en el que se han sucedido los conflictos judiciales, los empleados fijos han seguido dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de CIPASA hasta que la jueza del Mercantil resolvió en marzo de este año el ERE, que no es firme, todo ello sin percibir ningún tipo de salario, salvo los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que estuvieron vigentes hasta octubre de 2021, y que el administrador concursal decidió no prorrogar. Tampoco han podido trabajar en otras empresas hasta la extinción provisional de los contratos.

La situación de pobreza de la plantilla ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los trabajadores, que pese a ello han continuado acudiendo al parque a diario para realizar labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, incluso una vez dados de baja de CIPASA, a la espera de que se resuelva el conflicto judicial.

Desde sus inicios, el parque ofreció una oferta de ocio y cultural basada en las atracciones tradicionales como el carrusel o la noria, provocando en los años 90 el Pasaje del Terror una gran expectación al ser inaugurado por el actor de Hollywood Anthony Perkins. Asimismo, por su Teatro han pasado las principales figuras nacionales e internacionales de la música como James Brown, Montserrat Caballé, Julio Iglesias, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Miguel Bosé, Sergio Dalma, Miguel Ríos, Lola Flores o Mecano, entre otros, convirtiéndolos en uno de los iconos turísticos de la Costa del Sol.

El concurso de acreedores se encuentra en una fase "final"

El concurso de acreedores necesario en el que está inmersa la antigua empresa propietaria del parque de atracciones Tívoli World, localizado en Benalmádena, se encuentra en una fase “final”, quedando pendiente de establecerse la “culpabilidad” del proceso y resolverse el recurso interpuesto por los trabajadores contra la extinción colectiva de los contratos de trabajo, según ha destacado el administrador concursal, Juan Antonio Sánchez.

El abogado ha señalado que “ya se acordó la extinción de la plantilla” por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que dirime el concurso de acreedores, y cuya decisión ha sido recurrida en “recurso de suplicación” por la representación sindical de los trabajadores del parque de atracciones, por lo que está “a la espera de que se resuelva ese recurso para que se declaren definitivamente extinguidos todos los contratos de trabajo”.

El concurso de acreedores comenzó en agosto de 2020 a petición de la empresa que compró el espacio en 2007, el grupo inmobiliario Tremón, en calidad de acreedor de la vendedora y antigua propietaria, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA), que no entregó las instalaciones al considerar que no se le había abonado la cantidad acordada, y que derivó en un conflicto judicial que resolvió en octubre de 2021 el Tribunal Supremo (TS) otorgando la entrega al primero.

Durante estos años, Sánchez ha explicado que el concurso ha seguido su curso, y “una finalizada la fase común”, apuntó que “no hay que abrir una de liquidación al no haber ningún activo que liquidar” en CIPASA, por lo que la siguiente fase será la de “calificación”. En esta, ha detallado que “se verá la culpabilidad de la concursada”, siendo el último trámite y donde “se determina si el concurso es culpable o es fortuito y quiénes son las personas afectadas en su caso por la culpabilidad”.

En este sentido, ha explicado que “si la ley lo declara -el concurso de acreedores- culpable”, las personas afectadas por la culpabilidad como pueden ser “administradores, liquidadores, directores generales o apoderados de CIPASA”, arrastran “una serie de consecuencias de inhabilitación para el ejercicio del cargo de representante de terceras sociedades, e incluso ser declarados responsables de pagar las deudas concursales”.

En cuanto a los plazos, ha señalado que existen dos escenarios distintos. Uno de ellos es la fase de calificación, que desconoce cuándo se va a abrir por parte del Juzgado, y otro es el recurso de suplicación interpuesto “contra el auto de extinción colectiva de los contratos de trabajo”. De este modo, ha apuntado que una vez que se resuelva este último, los siguientes pasos serán “entregar el parque de atracciones al legítimo propietario, que es Tremón, hoy Parque Tívoli Málaga”, la sociedad que creó el grupo inmobiliario una vez que recuperó la posesión del espacio lúdico y de ocio.

Respecto a la situación de la plantilla, ha recordado que los trabajadores están “dados de baja en la Seguridad Social, tienen sus contratos extinguidos provisionalmente, lo que conlleva que no tienen por qué acudir a sus puestos de trabajo; y están a la espera de que su recurso de suplicación se resuelva en un sentido o en otro” contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado por el Juzgado de lo Mercantil, aunque “no es firme”. En cuanto a los “derechos de crédito” que tienen los empleados de cara al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) una vez aprobada la extinción de los contratos, Sánchez ha explicado que les corresponde “su salario pendiente de pago”, que ya lo han cobrado, y “la indemnización por el despido objetivo”, que se abonará una vez que el despido sea definitivo.