Costas deniega a Unicaja el uso del espacio de la residencia Marymar

El futuro del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que estuvo en funcionamiento hasta 2011, empieza a despejarse tras años de incertidumbre. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha denegado a la fundación bancaria como propietaria del inmueble la solicitud de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que ostenta en plena playa de Santa Ana en Benalmádena.

A pesar de que no es una resolución firme, puesto que se ha abierto un plazo para la interposición de un recurso administrativo que ya ha sido presentado por parte de la entidad, si éste finalmente no prospera el final del edificio podría ser su demolición. La decisión de la Dirección General supone a priori que la entidad no dispondrá de un título concesional alguno para la ocupación de este espacio por parte de un edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en plena playa y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio.

Sin embargo, fuentes de la entidad aseguraron ayer a este periódico que la resolución afecta solamente a la parte del edificio que, tras el deslinde realizado por la Demarcación de Costas en esta zona del litoral, aparecía incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre de acuerdo a la Ley de Costas en vigor. No obstante, la fundación bancaria Unicaja presentó a principios de este mes un recurso y ahora la administración central dispone de un plazo de tres meses para estudiarlo y dictar una resolución firme sobre el futuro de la antigua residencia Marymar, cuya demolición ha sido un reto de Costas durante muchos años aunque nunca ha tenido éxito. Pese al procedimiento administrativo abierto, las mismas fuentes explicaron que la fundación bancaria Unicaja y Costas mantienen conversaciones abiertas desde hace meses para tratar de encontrarle una solución a un inmueble que presenta un estado ruinoso y que el Ayuntamiento de Benalmádena ya ha alertado en varias ocasiones ante el riesgo para los personas que transitan por el entorno.

Poco se ha desvelado en este tiempo sobre los planes que la entidad tiene para este mastodonte de cemento y ladrillo que invade 2.900 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre. Pero la realidad es que al amparo de la actual Ley de Costas las opciones son escasas, ya que ni permite reformar el edificio por encontrarse en una situación irregular ni cambiar su uso como se especuló hace años ante la posibilidad de convertirlo en un hotel. Aunque la entidad nunca se ha pronunciado oficialmente sobre sus verdaderos planes respecto a su futuro.

El principal obstáculo no es otro que el edificio carece de cualquier tipo de concesión para ocupar la playa y eso hace prácticamente inviable con la legislación vigente en la mano realizar cualquier tipo de actuación.Desde abril de 2011, el edificio no tiene ningún uso una vez que la entonces Obra Social de Unicaja realojara a los siete últimos ancianos que aún vivían en la residencia después de que un estudio encargado a la empresa Cemosa confirmara los graves daños estructurales del inmueble debido al irremediable paso del tiempo y a la erosión provocada por su cercanía al mar.

El área de Edificaciones y Arquitectura del Consistorio de Benalmádena también evaluó por su cuenta el recinto e hizo un informe en el que sí se constataban la existencia de "graves patologías estructurales" en algunas zonas del edificio. Las partes más dañadas se concentraban entonces en la parte sur del nivel 1 del edificio y afectaban a la piscina, la sala de máquinas, las calderas los depósitos y el almacén de mantenimiento. El mal estado en el que se encontraba parte de la estructura obligó a desalojar a las 62 personas que albergaba la residencia, que fueron trasladados a otros centros, para evitar riesgos.

Pero en realidad este icono de la construcción irregular de la Costa del Sol fue hasta la década de los 80 un hotel propiedad del promotor vasco que lo levantó en 1963 y que posteriormente fue adquirido hace más de treinta años por la Obra Social de Unicaja.

Este espinoso asunto lleva coleando desde la década de los 90 cuando incluso se había alcanzado un acuerdo para que Costas echara abajo el edificio y para que el Ayuntamiento de Benalmádena compensara a Unicaja con otro terreno. Pero todo quedó en agua de borrajas.

Siempre ha estado en el punto de mira y, sin embargo, más de medio siglo después sigue en pie en plena playa de Santa Ana de Benalmádena sin que casi nadie se haya atrevido nunca a plantarle cara. La residencia Marymar, construida en los años 60 aprovechando las lagunas jurídicas de la antigua Ley de Costas pese a las voces que se alzaron en contra, se ha mantenido en el limbo jurídico todo este tiempo.