Desalojan una fiesta en un chalet de Benahavís con 300 personas

El evento tuvo lugar la semana pasada en la zona de La Arquería

La Policía requisó 'cocaína rosa' y gas de la risa a uno de los grupos que se dirigían a la celebración

Gas de la risa incautado a personas que se dirigían a la fiesta.
Gas de la risa incautado a personas que se dirigían a la fiesta. / M. H.
M. J. S.

05 de septiembre 2020 - 07:33

Benahavís/La Policía Local de Benahavís desalojó la pasada semana una fiesta privada que se celebró en un chalet de la localidad en la urbanización La Arquería, a la que asistieron más de 300 personas, y donde los agentes requisaron estupefacientes como cocaína rosa o gas de la risa a individuos que se dirigían al evento lúdico, según han confirmado este viernes el concejal de Seguridad Ciudadana, Diego Guerrero, y fuentes policiales.

Así, esta fiesta se suma a otras denunciadas este verano a través de las redes sociales en la Costa del Sol, siendo los municipios que presentan más casos Marbella y Torremolinos.

El edil ha fechado la fiesta privada a finales del mes de agosto, a la que se acudió por la llamada de vecinos, donde asistieron entre “300 y 400 personas”, procediendo la Policía Local a su “desalojo pacíficamente” y sin “percances”.

Guerrero ha señalado que en la operación actuaron tanto agentes municipales como de la Guardia Civil, siendo este último cuerpo de seguridad el que se hizo cargo de las diligencias y donde se “requisaron algunas bebidas y estupefacientes”. Entre ellos cocaína rosa y gas de la risa, agregaron fuentes policiales.

El edil ha indicado que para el control de este tipo de eventos, el Ayuntamiento actúa reforzando el patrullaje, destacando que el requerimiento en estos casos se produce “por mediación de los vecinos por alguna denuncia de que haya ruido o coches aparcados en la acera”.

Cocaína rosa incautada a unos individuos que se dirigían a una fiesta.
Cocaína rosa incautada a unos individuos que se dirigían a una fiesta. / M. H.

Otros acontecimientos similares se han producido este verano en la Costa del Sol, como la fiesta en un apartamento turístico que tuvo que disolver la Policía Local de Torremolinos el pasado 21 de agosto, en la que se concentraron “en torno a unas 100 personas” sin respetar las medidas de seguridad frente a la Covid-19, según indicaron desde el Ayuntamiento y puede observarse en los vídeos que circulan por internet.

Por esa fecha, también tuvo lugar en esta localidad en la zona de El Bajoncillo una congregación de unos 200 jóvenes junto a un club de playa, sin apenas mascarillas y obviando la distancia de seguridad interpersonal obligatoria, así como al inicio de agosto se celebró en otro chiringuito una actuación del dúo de DJ Les Castizos, en la que uno de sus miembros escupió alcohol a los asistentes y donde tampoco se respetaron las medidas higiénico-sanitarias, el cual fue cerrado de manera cautelar.

Asimismo, el 20 de agosto el club de playa Opium, en Marbella, tuvo que cerrar por no poder asegurar el mantenimiento de la distancia social y la discoteca Olivia Valare, también en esta localidad, tuvo que cesar su actividad por detectarse casos de Covid en la plantilla.

Fuentes policiales han destacado a este diario el “descontrol que hay en fiestas privadas”, con un “desmadre absoluto” y donde han asegurado que en ellas “se contrata a barman, gogós, DJ y equipo de música”.

Asimismo, han señalado que “el que quiere droga tiene drogas, alcohol, gas de la risa, hay barra libre para todo”, siendo los asistentes principalmente extranjeros.

Según han afirmado, la celebración de este tipo de eventos “está siendo una constante”, lamentando que “la actuación policial es bastante complicada porque si tú te metes ahí, dos policías o cuatro, que es lo más que aquí puede haber, lo más seguro es que vayas al hospital”.

En este sentido, las fuentes consultadas han relatado la dificultad de acceder a las fiestas “porque no tienes una orden y eso no es un delito fragrante”. Además, han indicado que en su cese influye “si sale el propietario, un responsable”, al que se identifica, “le levantas acta, denuncia” y se le pide “desalojar” el acto porque el máximo de reunión es de 10 personas.

La intervención se dificulta si este responsable es “extranjero no residente”, ya que “al ser una sanción administrativa, este hombre no tiene residencia, y por lo tanto no tiene NIE, y luego la sanción no le llega”.

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