Estepona, olvidada después de Astapa

Hoy hace un año y un día que la operación Astapa puso patas arriba el Ayuntamiento de Estepona. Decenas de policías irrumpían en las dependencias municipales y arrestaban al ex alcalde socialista Antonio Barrientos, a tres de sus concejalas y a dos ediles del PES además de al director de área de Alcaldía, técnicos municipales y empresarios, entre otras muchas personas.

El que fuera regidor cambiaba en 24 horas el coche oficial por el policial y su residencia en la urbanización Bahía Azul por los calabozos y posteriormente por la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, donde estuvo acompañado por los que fueran sus compañeros de gobierno entre 2003 y 2007, José Ignacio Crespo (PES) y Manuel Reina (PES), así como por su amigo y jefe de gabinete, José Flores. En diciembre de 2009 quedaron en libertad, después de seis meses.

Nada más saltar la operación el PSOE suspendió de militancia a los concejales que se vieron salpicados. Barrientos pasó de ser uno de los principales bastiones socialistas en la provincia a ver como su partido le daba la espalda. De nada le sirvieron sus contactos con personalidades de la talla de José Bono o Javier Rojo, presidentes del Congreso y del Senado respectivamente. Precisamente la hija de este último, que era gerente de Urbanismo, también resultó imputada en la operación.

Con la corporación desbaratada y sin saber qué quedaba por venir, el 17 de julio de 2008 se celebraba el Pleno para la elección de nuevo alcalde. En un primer momento fue el nombre del entonces concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, el que más sonaba para tomar el relevo de Barrientos, sin embargo su imputación e inmediata dimisión, el mismo día del Pleno, dio al traste con esta opción.

El PSOE tuvo que ponerse a trabajar contrarreloj para presentar un candidato. Entonces se apostaba por Antonio Sánchez para liderar el Ayuntamiento, sin embargo, a última hora hubo un cambio de planes inesperado y el joven concejal de Bienestar Social, David Valadez, asumía a sus 32 años la dirección de un Consistorio desmantelado.

Afín al sector crítico del PSOE, durante años criticó y denunció, ante quien le quiso oír, la gestión del equipo de gobierno dirigido por Barrientos con apoyo del partido del ex gilista José Ignacio Crespo. Entre otras cosas, esto le supuso que le retiraran la portavocía del grupo municipal y pocos respaldos en el seno del PSOE.

El reguero de imputaciones ha sido constante durante este año aunque tan sólo se han producido dos dimisiones, la del propio Barrientos y la de Duarte. El resto de concejales han conservado sus actas, incluso estando en prisión, como fue el caso de Crespo y Reina. El resto, la mayoría procedentes del PSOE, se integraron en un grupo mixto que a día de hoy aglutina a 8 de los 14 concejales de la oposición que ahora mismo tiene mayoría frente a un gobierno integrado por 11 ediles de cinco formaciones políticas diferentes.

Ante esta situación el baile de delegaciones ha sido continuo. Como ejemplo se puede analizar la situación de la Concejalía de Hacienda que tras las elecciones de 2007 estaba en manos del imputado Francisco Zamorano, posteriormente pasó a Duarte que, al dimitir, le cedió la responsabilidad a Antonio Sánchez que este martes hacía efectiva su renuncia al entender que no podía "aportar nada más para solucionar la difícil situación de Estepona que requiere de ayuda externa".

Se ha dejado de hablar en Estepona de donaciones voluntarias, de multimillonarios convenios urbanísticos, de patrocinios de eventos deportivos… Ahora lo que preocupa es la deuda de 164 millones de euros que arrastra el Ayuntamiento y sus más de 1.300 nóminas que cada vez es más difícil pagar al tiempo que se afrontan, por primera vez, los pagos a la Seguridad Social y Hacienda con los recargos correspondientes a las deudas de más de 60 millones contraídas a lo largo de la historia municipal.

A todo esto hay que sumar que los proveedores se han cansado de esperar y a los cortes de teléfono se suman las amenazas de cortes de luz, la imposibilidad de pagar el gas para las cremaciones del cementerio municipal, la deuda con Urbaser que en más de una ocasión ha cerrado las puertas a los camiones de basura de Estepona… Ahora, más que nunca, estos problemas son responsabilidad directa de Valadez que ha asumido, temporalmente, la Delegación de Hacienda tras la dimisión de Sánchez. El alcalde también dirige Urbanismo, Cultura y Educación tras haber perdido al responsable de uno de los pilares fundamentales del Ayuntamiento.

Para salir del paso la receta de Valadez está clara: austeridad aunque conlleve también la adopción de medidas impopulares y con gran desgaste político como por ejemplo la eliminación de pluses no recogidos en convenio, la paralización de las contrataciones, supresión de gastos de fiestas… El objetivo principal del gobierno pasa por reducir los costes de personal para lo cual se han eliminado bastantes cargos de confianza y se ha bajado el sueldo del alcalde, en un 20%, y del resto de concejales en un 5%. Del mismo modo, no se están renovando los contratos temporales, si bien muchos de ellos se hicieron en fraude de ley, por lo que el Ayuntamiento se está viendo obligado a readmitir a estos trabajadores.

Ante esta difícil situación Estepona pide auxilio a las instituciones supramunicipales, pero las ayudas no llegan. Prueba de ello son los 900.000 euros que la Diputación Provincial prometió hace años para poner en marcha el parque de bomberos que permanece cerrado por impagos a la empresa constructora. En varias ocasiones se ha asegurado que el dinero llegaría "en los próximos días", pero esos días parece que tampoco van a ser de este año.

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