Fuengirola aprueba inicialmente la Ordenanza reguladora de los precios de las VPO en alquiler

Fuengirola/El Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado este miércoles inicialmente la Ordenanza Reguladora de los precios de las viviendas sociales en alquiler, una medida que ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos presentes en el pleno municipal, según ha informado el Consistorio.

Se trata del primer paso para dotar a la institución local de un texto normativo para fijar los requisitos y parámetros que deben reunir los demandantes de estos equipamientos, que están destinados principalmente a unidades familiares o vecinos individuales con pocos recursos económicos para afrontar los gastos necesarios para poder acceder a un hogar.

De esta forma, la norma estipula asuntos como el nivel renta de los solicitantes, los derechos y deberes que adquieren al ser beneficiarios de una de estas viviendas, la fórmula para fijar el precio del alquiler o la fianza que deben depositar, entre otras cosas.

Tras la aprobación de hoy, la ordenanza continuará su tramitación, por lo que ahora deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para iniciar un proceso de audiencia pública durante 30 días para que, si no hay alegaciones, pueda ser aprobada de forma definitiva.

En otro orden de cosas, la sesión plenaria de hoy correspondiente al mes de mayo, ha refrendado la propuesta de convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y el Consistorio fuengiroleño para la adhesión al Tribunal de Recursos Contractuales, una moción que ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Corporación.

El objetivo es acortar los plazos de resolución de estos procesos, a fin de poder tramitar las licitaciones lo más rápidamente posible cuando se producen discrepancias entre los aspirantes a alguno de los contratos que el Ayuntamiento promueva mediante concurso público.

Por otro lado, el Pleno de Fuengirola ha dado su visto bueno, con los votos a favor del grupo municipal Popular, las abstenciones de PSOE e Izquierda Unida, así como con la negativa de Ciudadanos y Vox, a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es un trámite necesario para adaptar esta norma fiscal al Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que obliga a los ayuntamientos a adaptar sus ordenanzas fiscales en un plazo de seis meses.