Padres de alumnos se oponen a la construcción de un crematorio
Dicen que tal instalación vulnera la ley, al estar situada cerca de tres centros educativos
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Mainake de Marbella ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de una sala crematorio en el cementerio de San Pedro Alcántara al entender que incumple la Ley de Policía Sanitaria Mortuoria. La fricción con la normativa se produciría por encontrarse la instalación próxima a tres centros educativos. Las Ampas de estos dos colegios y un instituto también han presentado alegaciones.
Solicitan en su escrito que se declare improcedente la licencia de apertura del crematorio y que se anule su construcción "por ser una actividad molesta, insana e incompatible con el buen desarrollo de la actividad docente que se imparte en esos centros educativos".
Desde el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella insistieron en señalar que el crematorio no se construirá en San Pedro, si no que sólo se autorizará la ampliación del tanatorio. Una explicación que no termina de convencer a los padres. Mariola García, presidenta del Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Salduba, uno de los que colinda con el cementerio, aseguró que en la información que se les ha permitido consultar en la Tenencia de Alcaldía "figura el crematorio en mitad del plano y se especifica su ubicación en un sótano". El hecho de que no se les facilite copia de la documentación incrementa las dudas entre los afectados. "Si no lo van a hacer que nos lo digan por escrito, porque ahora mismo lo que hay sobre el papel es que se construirá el horno de incineración", dijeron.
Los padres temen que finalmente se construya la citada infraestructura junto al colegio de sus hijos y una urbanización mientras que la concejala de Sanidad y Cementerios, Alicia Jiménez, se comprometía ayer a reunirse con los padres y comprometerse a que no se ubicará el crematorio en San Pedro Alcántara. La edil, además, recordó que es la Junta de Andalucía la que tiene que autorizar este tipo de instalaciones y apuntó que tras esta polémica hay una clara intencionalidad política por parte de formaciones de la oposición como IU y OSP.
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