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El policía local de Coín detenido el pasado fin de semana por un supuesto delito de violencia de género contra su pareja se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión. Si bien, el Ministerio Público solicita para ella la misma pena por un presunto delito de violencia doméstica.
En las conclusiones iniciales del fiscal, el agente acudió la noche del pasado 26 de agosto al domicilio familia. Allí, inició una discusión con su pareja sentimental después de que ella le pidiera el teléfono móvil y él se negara. Ambos, "con ánimo recíproco de menoscabarse la integridad física, se propinaron empujones así como arañazos causándose lesiones", se describe en el escrito de acusación inicial.
De esta manera, solicita para ambos las penas de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufrago pasivo durante el tiempo de condena, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres años, así como la prohibición de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio frecuentado por el otro a una distancia no inferior a 300 metros durante tres años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público estima que el policía local indemnice a su pareja con la cantidad de 348,15 euros; mientras que, pide que ella lo subsane don 812, 35 euros basándose en los exámenes forenses. Estos recogen que ella sufrió un arañazo en el segundo dedo de la mano izquierda, y él un arañazo intenso de un 3,5 centímetros en la zona pectoral derecha y heridas en el hombro derecho, el antebrazo derecho, cuello y cara.
Según ha podido saber este periódico, el agente ya había sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir triplicando la tasa de alcohol permitida y causar, de madrugada, un accidente de tráfico, lo que le supuso una sanción de varios meses.
A pesar de su responsabilidad en un delito contra la seguridad vial, que tuvo lugar en marzo de este año y por el que fue penado a cuatro meses de multa a razón de diez euros diarios y a la privación del derecho a conducir durante ocho meses, el Ayuntamiento de Coín no tomó medidas disciplinarias con el agente, que ha continuado desde entonces ejerciendo su labor.
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