Reabren la causa de prevaricación y alteración en las subastas del Puerto de Benalmádena

Benalmádena/El Juzgado de Instrucción número 4 de Benalmádena ha ordenado la reapertura de las diligencias abiertas por prevaricación y alteración de subasta y concurso públicos en el Puerto Deportivo de Benalmádena.

El instructor ha decretado la reapertura tras recibir unas actuaciones de las que se desprende la presunta participación en los hechos del director del Puerto, Manuel Jiménez Marquez, la concejala, Encarnación Cortés, y el jefe de seguridad, Antonio González, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.

El pasado julio un grupo de empresarios denunció prevaricación y alteración de subasta y concursos públicos en el Puerto Deportivo de Benalmádena en beneficio de los propietarios del antiguo barco denominado Mississippi Willow, que llevaba años atracado en Puerto Marina, en Benalmádena (Málaga).

Esta denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Benalmádena y fue una ampliación a otra anterior en que ya se alertaba de numerosas irregularidades en la concesión de las autorizaciones turísticas del Puerto en beneficio de varias empresas.

Todas estas irregularidades han sido puestas en conocimiento del juzgado por parte de un grupo de empresarios y vocales del consejo de administración en la junta general de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena, según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe.

En la ampliación de denuncia se destaca que Encarnación Cortés firmó un contrato "a sabiendas de que no se podía cumplir" ya que la Consejería de Obras Públicas y Transportes "ya les había exigido desde hacía años la desmantelación y retirada del artefacto flotante denominado Willow del Puerto Deportivo de Benalmádena para lo que interpuso demanda y solicitó ejecución".

Dicho auto quedó sin efecto "faltando a la verdad al decir que se había dado cumpliento extrajudicial", cuando se había realizado justo lo contrario, un contrato de atraque para que continuara en el lugar donde estaba y del que desde el 2005 la Consejería de Obras Públicas y Transporte le había exigido al Puerto que retiraran el mismo.

"Teniendo que acudir a los tribunales para conseguirlo y una vez que obtienen el despacho de ejecución firman un acuerdo transaccional y evaden la acción judicial", según se destaca en la denuncia.