Benalmádena inicia la tramitación del convenio urbanístico para reabrir Tivoli

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado la tramitación del convenio urbanístico que permitirá la reapertura del parque de atracciones Tivoli World, un documento que puede consultarse en la página web municipal y que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma), según ha informado este lunes el alcalde, Juan Antonio Lara.

Así, el proyecto del nuevo parque avanza tras alcanzar el Consistorio y la propiedad, el grupo inmobiliario Tremón, un acuerdo que fue rubricado el pasado viernes por el regidor y el director general de Tremón, Andrés Gilabert, con la firma de un protocolo que posibilita el convenio urbanístico y desbloquear la situación del parque, que se encuentra cerrado desde septiembre de 2020.

La tramitación urbanística del proyecto arranca con la salida a exposición pública del convenio, con el que se logrará la reapertura del emblemático parque de atracciones Tivoli World. El acuerdo, tal y como marca la legislación vigente, estará “expuesto al público durante un mes, desde su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y ya se puede consultar en la web municipal”.

Posteriormente, y una vez superado este trámite, el convenio urbanístico se someterá al Pleno de la Corporación municipal para su aprobación, tanto inicial como definitiva, momento a partir del cual “la propiedad dispone de tres meses para presentar la documentación técnica e iniciar la correspondiente innovación del planeamiento, mediante una actuación de transformación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benalmádena”.

“La publicación del convenio supone un paso importante que demuestra que este equipo de gobierno no va a perder ni un segundo en que Tivoli abra sus puertas, que va a trabajar sin descanso para hacerlo realidad, cumpliendo con agilidad y celeridad todos los trámites pertinentes para conseguirlo”, ha señalado el alcalde

El primer edil ha puesto de relieve que “el acuerdo alcanzado con la propiedad requiere ahora de un gobierno que no pierda ni un segundo en lograr la reapertura de Tivoli”, ha añadido.

El Consistorio ha recordado que el acuerdo establece “el impulso a la creación de un nuevo parque de atracciones de grandes dimensiones con dos nuevos hoteles, un centro comercial y una inversión estimada que oscila entre los 100 y 200 millones de euros”. Además, el convenio “regula en la disposición sexta el mecanismo previsto para la contratación de los antiguos trabajadores de Tivoli, que se vieron afectados por su cierre en 2020”.

El convenio tendrá una duración de cuatro años

El documento puede consultarse en el enlace habilitado en la página web municipal, el cual “no podrá tener una duración superior a cuatro años, pudiendo ser objeto de una prórroga de otros cuatro”, según el texto. Asimismo, se establece la creación de una "comisión encargada del seguimiento, vigilancia y control”, que estará compuesta por un representante de Tremón y un “técnico municipal”, además de “asistida por un secretario elegido”.

En el convenio se hace alusión al parque como “motor económico” del municipio y la Costa del Sol, así como a su “relevancia social”. También menciona la reciente anulación por parte de los tribunales de la modificación del Plan General con la que se pretendía proteger los terrenos, y que “la situación actual de cese de la actividad podría perpetuarse ‘sine die’, salvo que a través de las actuaciones municipales pertinentes conciliadoras de los intereses generales y particulares se posibilite la reapertura”.

El texto señala que el Ayuntamiento “no puede mostrarse impasible ante la actual situación de inactividad” de Tivoli, por lo que debe desarrollar “actuaciones” para que “se posibilite una nueva implantación o continuación del parque de atracciones de manera compatible con la realidad social, económica, tecnológica y turística” y “manteniendo la superficie”. A ello agrega “la implantación de otros usos que pudieran ser compatibles o vinculados al del parque”.

De este modo, se destaca que “ello requiere un nuevo proyecto de parque de atracciones, centro comercial y de ocio y turístico, así como una oferta hotelera vinculada al propio parque y al próximo núcleo comercial de Arroyo de la Miel”.

Otra de las características del acuerdo es la reincorporación de los antiguos empleados, que se recoge en el punto sexto, al considerarlo de “interés social”, y que según explicó Gilabert la medida tiene que ver con “una bonificación fiscal en los impuestos de las licencias del parque".

En este sentido, el convenio recoge que “el deber de entregar el suelo correspondiente al porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por las actuaciones de transformación urbanística, podrá sustituirse por la entrega de su valor en metálico” o “de superficie edificada de valor equivalente”.

Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), “se permite que las ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo”. Su declaración corresponderá al Pleno con “mayoría simple”.

En cuanto al instrumento utilizado para la innovación del PGOU, una Actuación de Trasformación Urbanística (ATU) de “reforma interior” y los “cambios pretendidos en este suelo”, se consigue establecer “una ordenación que promueve una ocupación racional y eficiente”, evitando la “dispersión urbana de los usos a implementar”, en relación al parque de atracciones y la oferta comercial y hotelera, todo ello en base a “los objetivos de desarrollo sostenible”, según el convenio.

Con ello “se revitalizará la ciudad existente favoreciendo la economía circular” y “diversificar los usos mediante la actuación de mejora, regeneración y renovación urbana”. Además, se detalla que “la actuación irá necesariamente acompañada de una reforma y renovación de la urbanización del ámbito, así como la de las conexiones con las redes generales viarias, de infraestructura y servicios técnicos”.

El convenio recoge en otro punto que, en el caso de “una hipotética transmisión de los terrenos”, los nuevos adquirentes “quedaran subrogados en tales compromisos y obligaciones total o parcialmente” con la aprobación de la ATU, según se efectuase a “la totalidad de los terrenos o a parte de estos”. En este punto, cabe recordar que desde 2023 se viene hablando de la existencia de inversores interesados.