Las viviendas irregulares que en Cártama están levantadas en zonas inundables, con mayor riesgo de sufrir episodios de riadas o embates del oleaje del mar, podrían tener fecha de caducidad. El Ayuntamiento, según ha anunciado este domingo el alcalde, Jorge Gallardo, reactivará los expedientes para su demolición. La decisión la ha hecho pública cinco días después de los graves efectos de las inundaciones por la DANA, con el río Guadalhorce desbordado a su paso por el municipio, fincas anegadas y vecinos rescatados tras subirse al tejado de sus casas para así escapar de la crecida. "Ahora me toca a mí tomar medidas. No podemos ponerlos en riesgo a ellos (los dueños de estos inmuebles) y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se tiran a salvar vidas", apostilla contundente el regidor, quien reconoce su permisividad. "Asumo parte de la culpa que me corresponde. Igual que estoy quitando barro, soy culpable de no haber sido más contundente con estos vecinos. Muchas veces somos demasiado blandos", se justifica, en un intento por evitar la confrontación con los infractores y que pensaran "que el Ayuntamiento va contra ellos, a quitarles sus casas, después de comprar una parcela".

Tras esta última tragedia, y pese a que vivían en terrenos ilegales, el Consistorio "se ha volcado" en ayudar a los residentes afectados, porque "al final son personas que intentan salir adelante". No obstante, el alcalde reconoce lo "contradictorio" que puede resultar ayudar, por un lado, a los damnificados y, paralelamente, iniciar los trámites para derribar su hogar. "Todos tenemos que entender que no deben estar ahí. No quiero que esto se malinterprete, pero hasta que ocurren las desgracias no nos damos cuenta de cuál es el riesgo", manifiesta Gallardo en declaraciones a Cadena Ser. Y los hay que, tras haberlo perdido todo, aseguran "que ya no les pasa más". "Alcalde, me voy de aquí", reproduce el regidor.

El máximo responsable del Ayuntamiento de Cártama subraya la "inseguridad" que para estos vecinos supone residir en estos terrenos ubicados en zona que se considera de riesgo por su próximidad al río Guadalhorce. "No podemos continuar así. Tenemos que reactivar lamentablemente los expedientes y que esas viviendas no sigan ahí", asevera. Y a la vez respira aliviado al recordar que, esta vez, el Consistorio y los operativos de emergencia pudieron reaccionar a tiempo. Se muestra así convencido de que, si las inundaciones hubieran ocurridoo de madrugada, "hubiera habido víctimas, porque -a los residentes- no les habría dado tiempo a salir". "Vimos cómo la riada venía desde Álora y fuímos previsores. Avisamos a la Policía y a Protección Civil y todo el que tenía medios se tiró a las calles", relata el alcalde cartameño. Con todo, los servicios de emergencia tuvieron que efectuar 12 rescates en viviendas. Hubo algunos "que se quedaron en su casa", desconfiando de los avisos que las autoridades estaban lanzando.

En las carreteras, ya de por sí atascadas, el agua empeoró la situación por las numerosas balsas de agua. No pocos colegios e institutos se vieron inundados o con cortes de luz. Hasta un tren AVE descarriló a causa de las precipitaciones. Ahora, Cártama sigue "recobrando la normalidad". Si bien la zona urbana se encuentra "bastante recuperada", todavía quedan "muchas viviendas de campo en condiciones penosas".

Operación contra viviendas irregulares en suelo rústico en Cártama

Hay que recordar que en 2022, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía llevó a cabo una operación en la localidad para paralizar parcelaciones urbanísticas ejecutadas en suelo rústico de especial protección en la zona conocida como Dehesa Alta en las que se estaban instalando edificaciones sin ningún tipo de licencia urbanística ni autorización administrativa.

Entonces se precintaron dos casas prefabricadas y se abrieron otras tres diligencias informativas de otras tantas viviendas. La parcela, que se encontraba en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en el Paisaje Agrario Singular Regadíos del Guadalhorce, acogía una parcelación incipiente, habiéndose podido constatar, a través de la última imagen satélite disponible, de ahí la importancia de la medida cautelar provisional adoptada por los inspectores, que estuvieron asistidos por miembros de la Policía Autonómica.

Desde 2019 hasta entonces se intensificaron las labores de inspección en suelo rústico de Cártama, motivado por el incremento de infracciones detectadas, las denuncias de particulares y de cuerpos de seguridad (Seprona de la Guardia Civil y Policía Autonómica), y la colaboración y asesoramiento llevado a cabo en diligencias y procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio en curso. Se trataban, en su mayoría, de nuevas parcelaciones urbanísticas que inducen la consolidación de elevadas concentraciones de viviendas y que conllevan la precariedad de servicios básicos, dada su naturaleza irregular.

En otros casos, las infracciones respondían a la promoción y venta a través de portales inmobiliarios de pequeños lotes de parcelas con luz y agua, en los que se invita a la instalación de cabañas de maderas, mobilehome o prefabricadas, lo que ha dado lugar a la apertura de expedientes sancionadores por publicidad disconforme con la ordenación territorial y urbanística.

La Consejería de Fomento subrayaba que su propósito era el de poner fin a la práctica del urbanismo ilegal propia de los anteriores gobiernos de la Junta y que "tanto daño" causó al territorio y a la imagen de Andalucía en el exterior. Al tiempo, se ofrecía una solución a los propietarios de edificaciones irregulares prescritas, que podrían regularizar con todas las garantías su situación jurídica con posibilidad de acceso a los suministros básicos de agua y energía gracias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).