Citan a un concejal de Estepona en la investigación por una supuesta malversación del alcalde

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha llamado a declarar al teniente alcalde del área de Control Externo del Ayuntamiento de la localidad, Blas Ruzafa, en calidad de “testigo” en la investigación abierta por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde, José María García Urbano. Las pesquisas persiguen esclarecer los pormenores de la contratación como cargo de confianza de la entonces mujer del policía local que denunció por supuesto acoso al regidor. Un asunto que ha quedado archivado por el juzgado y que ha sido recurrido por la defensa del agente.

El Ayuntamiento viene reiterando que “se trata de una denuncia sin fundamento” y ha criticado la “inadmisible la campaña política” que se está realizando en contra del popular García Urbano.

La citación se produce después de que el regidor acudiera a la sede judicial para declarar por presunta malversación el pasado 13 de enero -tras abrir el Juzgado diligencias previas en diciembre de 2024 y con ello un nuevo procedimiento al margen del caso ya archivado por acoso sexual-; y donde el regidor volvió a insistir en que “la denuncia no tiene ningún fundamento”.

Prosiguen, por tanto, las averiguaciones por la contratación de la entonces pareja del agente local en el Ayuntamiento de Estepona como personal eventual en 2023. Ahora el juez ha llamado a declarar al teniente alcalde del área de Control Externo en calidad de “testigo” para el próximo 20 de febrero, a las 10:30 horas. La citación como testigo obliga al edil a tener que contar la verdad de lo sucedido. La solicitud forma parte de una "práctica de la diligencia de prueba”, según una providencia emitida el pasado 17 de enero a la que ha tenido acceso este diario, y contra la que cabe “recurso de reforma”.

Ruzafa fue en la pasada legislatura, comprendida entre 2019 y 2023, teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo -mismo cargo que ostenta en la actualidad-; siendo responsable de la misma en el período en el que se contrató a la entonces pareja del agente como personal eventual.

El nombramiento de la mujer como “funcionaria eventual” tuvo lugar el 13 de febrero de 2023, meses antes de celebrarse las elecciones municipales en mayo de aquel año, y cesó, como todos los puestos de libre designación, con la convocatoria de los comicios. La contratación se hizo para “desarrollar funciones propias de asesoramiento especial y confianza en el área de Control Externo” -que dirigía por entonces y en la actualidad Blas Ruzafa-, según el edicto firmado por el alcalde y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA).

Nuevo procedimiento

Cabe recordar que el juez abrió diligencias previas para investigar esta contratación el pasado diciembre, en el marco de la instrucción por supuesto acoso sexual denunciado por el agente en octubre de 2024, una causa que ha sido archivada y en la que la entonces pareja del funcionario también figuraba como denunciante tras declarar como testigo.

De este modo, en el marco de aquel testimonio, la mujer declaró ante el juez que había estado contratada durante varios meses como personal eventual del ayuntamiento esteponero sin acudir al mismo. Ante la posibilidad de que la colocación no estuviera justificada "se ha decidido abrir diligencias", apuntaron entonces desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El abogado que ejerce la defensa del policía local, Antonio Granados, explicó a este diario en diciembre que la mujer contestó durante el interrogatorio que se le concedió ese puesto de trabajo pero que "no pisó ni un solo día el Ayuntamiento", y que percibió más de 3.500 euros al mes, pese a que "su formación académica es la de Auxiliar de Enfermería”.

El Juzgado decidió entonces abrir un “nuevo procedimiento” distinto a la investigación por presunto acoso sexual – que ha quedado archivada recientemente por decisión judicial y recurrida por la parte denunciante, ha indicado Granados-; ante “la existencia de indicios de una posible malversación de caudales públicos” supuestamente, por la contratación de la entonces mujer del agente en el Ayuntamiento, según la providencia a la que tuvo acceso este diario.

Así, el juez ordenaba remitir a la nueva causa “la documentación obrante en autos” aportada por la mujer, relativa a “su contratación y nóminas, declaración de la misma” y requirió documentación al Ayuntamiento de Estepona.

En la causa por presunta malversación de caudales públicos están personados como acusación popular la portavoz del PSOE de Estepona, Enma Molina, y el edil de Vox en Estepona, Manuel Aguilar, del que ejerce la defensa el abogado Antonio Granados, que también representa al policía local que denunció al alcalde en el otro asunto.

El Ayuntamiento critica la “inadmisible la campaña política” contra el alcalde

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que “Blas Ruzafa ha sido citado a declarar como testigo” y ha vuelto a reiterar que “se trata de una denuncia sin fundamento”, por lo que ha considerado “inadmisible la campaña política que se está haciendo contra el alcalde de Estepona haciendo uso de mentiras”.

Según ha destacado, el Ayuntamiento “ya entregó al Juzgado toda la documentación requerida y que corrobora que no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones llevadas a cabo por el Consistorio desde 2011 y, por tanto, no se ha producido ningún delito de malversación”.

Asimismo, ha apuntado que “la defensa del regidor va a solicitar el archivo de estas diligencias al tratarse, tal y como se ha reiterado, de otra denuncia sin fundamento”.

Por último, ha lamentado “la campaña política que PSOE y Vox están realizando en los tribunales, con el único objetivo de dañar la imagen personal y la trayectoria política del alcalde”.

Así, el Consistorio ha puesto de relieve que “se ha tenido conocimiento de que ambas formaciones políticas van de la mano, e incluso Vox se ha personado representado por el mismo abogado de los denunciantes, lo que evidencia la connivencia existente entre todos ellos con una única y clara finalidad espuria y de dañar la figura del alcalde”.

“Es inadmisible la campaña política que se está haciendo contra el alcalde de Estepona haciendo uso de mentiras para intentar lograr el apoyo social que, democráticamente y reiteradamente, no consiguen en las urnas”, han recalcado.