Cuatro ex concejales del GIL obtienen el tercer grado

Málaga/Los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella Tomás Reñones, Alberto García Muñoz, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa salen hoy de la cárcel de Alhaurín de la Torre, en la que se encuentran por un delito urbanístico, tras conseguir el tercer grado penitenciario. Los ex ediles pactaron con la Fiscalía una pena de nueve meses de prisión y entraron en el centro de Alhaurín de forma voluntaria tras recibir la sentencia firme que les condenó por la concesión de licencias a la empresa Algabamar II SL para la construcción en Marbella de 250 viviendas.

La Junta de Tratamiento Penitenciario de esta cárcel decidió ayer concederles el tercer grado penitenciario, que podrán comenzar a disfrutar a partir de la semana próxima. Fuentes del entorno de Reñones han informado de que este ex concejal será uno de los que salgan hoy de prisión.

Uno de ellos, el ex concejal Fernández Garrosa, se encuentra en prisión por otro procedimiento anterior, en el que fue condenado a una multa que no pagó y por tanto se ejecutó la cárcel como pena subsidiaria.

Reñones, Troyano y Fernández Garrosa abandonarán hoy la prisión y volverán en lunes sólo para dormir, mientras que García Muñoz está pendiente de la resolución del trámite de traslado a Madrid, donde cumplirá su condena, también en régimen abierto, en el Centro de Inserción Social Victoria Kent, asegura el mencionado diario.

A partir de ahora, los condenados tendrán que volver sólo para dormir de lunes a viernes en el centro penitenciario en caso de que justifiquen un trabajo, y si no lo hacen, deberán permanecer en prisión de lunes a viernes, con salidas los fines de semana.

El juicio se celebró el pasado 27 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 7 de la Audiencia Provincial de Málaga tras la ausencia de algunos de los abogados o acusados durante el ejercicio de la vista oral que tuvo lugar, la primera sesión, el 22 de septiembre.

Por esta misma causa, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ex concejales de la localidad fueron también condenados a un año de prisión y a diez de inhabilitación.

En el caso se enjuiciaron los hechos relativos a la concesión de varias licencias por parte del Ayuntamiento a la empresa Algabamar II entre 1998 y 1999 para la construcción de 250 viviendas en unos terrenos calificados como rústicos y rústicos de control en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968.

El Consistorio otorgó en comisión de gobierno en noviembre de 1998 la licencia al proyecto básico para la primera fase de la promoción inmobiliaria, que comprendía cien viviendas, y en enero de 1999 aprobó el proyecto de ejecución.

En julio de 1999 la comisión de gobierno concedió la licencia a los proyectos básico y de ejecución de la segunda fase de dicha promoción, con 90 viviendas, y en octubre de ese año hizo lo mismo con la tercera fase, que preveía la edificación de 60 inmuebles.