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La información es rotunda. La Memoria de la Fiscalía General del Estado apunta que se está dando un "descenso significativo" de la cocaína y el hachís que se está inacutando en Cádiz debido, entre otros factores, al "traslado de las descargas de embarcaciones a otras provincias, lo que se refleja en que Huelva y Málaga han superado en incautaciones al Campo de Gibraltar", dice, citando el caso de la zona "poco habitada" de la Axarquía.
El documento en cuestión permite alertar sobre la "proliferación escandalosa de narcolanchas" dedicadas a la introducción de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir y la costa de Cádiz, lo que vincula con la "menor presión policial tras el desmantelamiento de OCON-Sur", la unidad antidroga de la Guardia Civil para el Campo de Gibraltar a la que puso fin el Ministerio del Interior. "La realidad que constata la Fiscal coordinadora de Andalucía es que el alza en las cantidades intervenidas no ha supuesto un aumento de investigaciones dado que en muchos casos las intervenciones no han dado lugar a detenciones ni se ha logrado identificar a la organización detrás del envío incautado", recoge el Ministerio Pública en su Memoria de 2023.
Es más, en su repaso a las actuaciones de 2023, cita problemas como la "carencia de medios" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a las embarcaciones ultrarrápidas con hachís procedente de Marruecos y que además "se esconden" en este país -y también en Portugal-, alertando de que su proliferación "muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas".
La Memoria se centra en los datos de Cádiz para analizar la "mayor confiscación de cocaína" en esta provincia y también de hachís respecto a 2022, aunque matizando que la cifra representa un "descenso significativo" si se compara con más años: en 2023 se intervinieron 61.416 kilos de hachís, pero en 2018 fueron más de 75.000 kilos y en 2019 más de 82.000 kilos.
Si anteriormente se citaba el hecho de que tras ese "descenso significativo" del tráfico de estupefacientes se debía, en gran medida, al traslado de las descargas de las embarcaciones a otras provincias, hay otro condicionante que permite contextualizar esa caída. El Ministerio Público añade uno más. "El segundo factor que justifica el descenso de investigaciones que se menciona por la mayoría de los fiscales delegados de Andalucía lo constituye la menor presión policial tras el desmantelamiento de OCON-Sur", continúa.
En febrero, tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la estrategia contra el 'narco' y atribuyó el desmantelamiento en 2022 del OCON-Sur a una decisión operativa de los mandos de la Guardia Civil. Además, dijo que esto no había perjudicado a las detenciones e incautaciones.
En su Memoria de 2023, la Fiscalía cita la muerte de estos dos guardias civiles en Barbate para advertir que estas narcolanchas "siguen siendo el instrumento principal para el traslado de hachís desde Marruecos y proliferan por toda la costa, especialmente aunque no solo, en el Estrecho y son visibles a plena luz del día o por la noche, navegando por la desembocadura del Guadalquivir, por puertos deportivos o muelles pesqueros". "Muestra la impotencia del Estado ante unas redes criminales que deben ser inmediatamente desarticuladas", continúa la Fiscalía aludiendo al "atrevimiento en la exhibición de estas narcolanchas y la violencia para embestir en más de una ocasión a las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
El Ministerio Público menciona la "carencia de medios para el abordaje y detención de estas embarcaciones ultrarrápidas que suelen llevar varios motores de 350 cv de potencia", contando con sistemas de navegación y comunicación altamente sofisticados y que "se esconden o encuentran abrigo en aguas internacionales, en Marruecos y también en Portugal, donde estas embarcaciones no son de ilícito comercio".
Entre las zonas de avistamiento señala principalmente a Melilla/Nador, Sanlúcar/Huelva, Almería, Motril/Granada, Barbate/Cádiz "con números que superan los 230 en menos de seis meses", especifica, aludiendo a datos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).
La Fiscalía, sin embargo, menciona el "gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas desde Barbate hasta Sanlúcar de Barrameda sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas". Es más, menciona al delegado de Jerez para hablar de la "proliferación escandalosa de narcolanchas para la introducción de hachís en la desembocadura del Guadalquivir, las poblaciones de Sanlúcar y Rota".
La Fiscalía lamenta la "lentitud" en el enjuiciamiento de este tipo de delitos, sobre todo en lo relacionado al blanqueo de las redes criminales, y constata que el número de diligencias previas de la provincia de Cádiz ha disminuido un 20%, "que se suma al descenso del 21% del año anterior".
En su repaso, se cita a Huelva como la segunda provincia después de Cádiz en el número de hachís incautado en embarcaciones procedentes de Marruecos, según refleja la Memoria. Pese a esto, el número de diligencias previas incoadas ha caído de las 207 en 2022 a las 178 en el último año. Granada y Almería siguen siendo dos territorios afectados principalmente por el cultivo del cannabis.
En Cataluña, la producción y tráfico de marihuana y hachís lideran el balance anual, "constatando que sigue incansable su incremento que se extiende igualmente en las provincias de Lérida, Tarragona y Gerona". Además, vuelve a advertir sobre el "alarmante porcentaje" de THC --principal constituyente psicoactivo--, "de forma que son ya normales las concentraciones del 20% de THC que llegan hasta el 50% en la marihuana y hasta el 92% en el hachís".
La Fiscalía insiste en el problema de la entrada de drogas por los puertos españoles, como el de Algeciras, Barcelona y Valencia. Este último, apunta, es el tercer puerto de Europa en el número de incautaciones de cocaína: 2023 dejó 12.523 kilos intervenidos en 39 contenedores, 23 de ellos procedente de Ecuador.
En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, se centra en la "proliferación de narcopisos" --con 97 entradas y registros que dejaron 244 detenidos en 2023-- debido a la mayor presión policial en la zona de la Cañada Real Galiana.
También menciona la necesidad de implementar protocolos de seguridad en las zonas restringidas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con dos grandes operaciones con 14 y 20 detenidos, "de los que la mayoría eran trabajadores".
Además, la Memoria menciona la necesidad de una modificación legal proponiendo centrar la competencia de los delitos de tráfico de drogas más graves, asumiendo por parte de la Audiencia Nacional investigaciones de blanqueo de capitales.
La Fiscalía aboga por una mejor coordinación con Portugal, país en el que las embarcaciones conocidas como narcolanchas no están catalogadas como género prohibido, lo que es aprovechado para el montaje de los motores y de sistemas de comunicación para su posterior traslado a España. También recuerda que sigue pendiente la modificación legal para perseguir a los 'petaqueros', encargados del acopio de gasolina para las narcolanchas. "Sólo en ocasiones se logra imputar una infracción administrativa, que dado el perfil de los petaqueros no llega a pegarse nunca", reconoce.
Otro de los aspectos abordados son los 34 procedimientos penales a raíz de informaciones en plataformas encriptadas como EncroChat, SKY-ECC y ANOM, lo que ha constituido "un punto de inflexión en las investigaciones del narcotráfico en Europa".
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