La Fiscalía de Málaga investiga unos presuntos contratos a dedo en el Ayuntamiento de Benalmádena

Benalmádena/La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación preprocesales sobre unos supuestos contratos a dedo en el Ayuntamiento de Benalmádena tras una denuncia presentada por el PSOE. Los socialistas mantienen en el escrito que el alcalde, Juan Antonio Lara, fragmentó unos contratos para dárselos al marido de una concejala.

En las diligencias preliminares se investiga si el hecho puede ser constituido de delito, no si hay alguna persona que pueda ser autora del delito. Así se lo han explicado a EFE fuentes judiciales, que han destacado que lo primero es verificar los hechos en sí y si tienen relevancia penal o no.

En el escrito fiscal se indica que tras la denuncia presentada el 16 de septiembre se comienzan los primeros trámites de las diligencias de investigación preprocesales, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de infracción penal. El secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha denunciado que el alcalde del municipio malagueño fragmentó contratos para supuestamente dárselos al marido de una concejala del equipo de gobierno.

Navas ha afirmado que el equipo de gobierno, a través de la empresa pública Provise, realizó una serie de adjudicaciones a dedo que fueron a parar a empresas vinculadas, en una de ellas como administrador único, al marido de Yolanda Peña, concejala del equipo de gobierno del PP.

Los socialistas aseguran en la denuncia que "se han detectado posibles irregularidades en los procedimientos de contratación relacionados con la adquisición de máquinas de limpieza con agua ozonizada y de tratamiento ecológico de cal destinados a varios centros educativos de la localidad y a la sede del propio ayuntamiento".

Según el PSOE, han podido constatar que Provise, sociedad de la que es presidente el alcalde, Juan Antonio Lara, ha utilizado dos contratos menores casi al límite establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (cada uno de estos contratos asciende a 14.630 euros y el límite es de 15.000 euros) para la adquisición de máquinas a empresas vinculadas entre sí y relacionadas con el cónyuge de la concejala.

Una de las empresas es propiedad como socio único del marido de la edil. Las otras dos empresas están relacionadas con la primera, de forma que los socialistas consideran que forman un entramado que sugiere que operan como si fueran entidades independientes cuando en realidad están interconectadas. Debido a ello, los socialistas insisten en que les plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos de contratación en los que están involucradas.